Gastón Díaz: “El Gobierno nacional confunde libertad con indiferencia hacia Tierra del Fuego”

El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, realizó un extenso análisis del contexto político y económico nacional durante una entrevista en FM del Pueblo, en la que expresó fuertes críticas al rumbo del Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei, al que acusó de no contemplar a Tierra del Fuego como parte central del desarrollo productivo del país.

A lo largo de la conversación, el funcionario planteó que la provincia es tratada bajo una lógica de ajuste fiscal y reducción del gasto, sin considerar su valor estratégico en términos geopolíticos, industriales y de soberanía. En ese sentido, sostuvo que el debate actual debe trascender lo coyuntural y enfocarse en la construcción de un proyecto nacional que defina el rol de la provincia hacia el año 2027.

“Tierra del Fuego es frecuentemente tratada como una 'variable de ajuste' dentro de las políticas de equilibrio fiscal. Esta visión desconoce el aporte estratégico de la región en términos productivos, geopolíticos y de soberanía”, disparó el secretario de Gobierno.

Díaz remarcó que la isla no puede ser comprendida únicamente como una variable económica dentro de un esquema de recortes, sino como un territorio fundamental para la Argentina por su ubicación austral, su proyección hacia la Antártida y su rol en la defensa de los recursos del Atlántico Sur. En consonancia con esto, advirtió: “Tierra del Fuego no puede ser reducida a una planilla de costos; debe ser entendida como un territorio clave para la Argentina. El país pierde capacidades estratégicas si no integra plenamente a la provincia en su esquema de desarrollo”.

Apertura de importaciones y el impacto en el empleo industrial

El funcionario advirtió que, sin una política activa de industrialización y desarrollo, la provincia corre el riesgo de perder capacidad productiva y, en consecuencia, población, lo que impactaría directamente en la consolidación de la soberanía territorial. En ese sentido, sostuvo que la presencia de habitantes en Tierra del Fuego está directamente vinculada a la existencia de empleo e industria.

Durante la entrevista, también cuestionó las políticas de apertura de importaciones y la reducción de aranceles aplicadas por el Gobierno nacional, al considerar que estas medidas afectan de manera directa a la industria fueguina, particularmente al sector electrónico, que constituye uno de los principales motores de empleo en la provincia. Según su visión, este tipo de decisiones favorecen la importación de bienes terminados sin valor agregado local, lo que debilita la matriz productiva nacional y genera pérdida de puestos de trabajo en las economías regionales.

En otro tramo de su exposición, Díaz profundizó sobre lo que definió como una transformación del orden global, donde las grandes potencias ya no ejercen dominación a través de la ocupación territorial, sino mediante mecanismos económicos, regulatorios, ambientales y financieros que condicionan el desarrollo de los países periféricos. En ese marco, vinculó estas dinámicas con la disputa geopolítica por el Atlántico Sur y los recursos naturales estratégicos, señalando que la región se encuentra bajo creciente interés internacional.

Valor agregado vs. Exportación de materias primas

El secretario de Gobierno también hizo foco en la necesidad de avanzar hacia un modelo de industrialización con valor agregado, sosteniendo que la exportación de materias primas sin procesamiento local limita las posibilidades de crecimiento económico y de generación de empleo. En ese sentido, enumeró los principales sectores productivos de Tierra del Fuego, como la energía, la pesca, la industria electrónica, la madera, el turismo y la ganadería, y planteó que todos ellos deben integrarse en una estrategia de desarrollo que priorice la transformación local de los recursos.

Díaz ejemplificó esta idea señalando que el petróleo y el gas deberían procesarse en la provincia, y que la madera debería convertirse en productos terminados en lugar de exportarse en bruto, lo que permitiría generar mayor valor agregado y empleo local. Asimismo, advirtió: “Los países que dependen exclusivamente de la exportación de materias primas suelen registrar menores niveles salariales y menor desarrollo económico”. En contraposición, mencionó modelos de desarrollo aplicados en países como Estados Unidos, China y Rusia, donde —según su análisis— el Estado cumple un rol activo en la protección, promoción y financiamiento de sectores estratégicos, especialmente en tecnología, energía e industria pesada.

En ese contexto, criticó las políticas de apertura económica y eliminación de aranceles, al sostener que estas decisiones se toman con el objetivo de controlar la inflación, pero generan un impacto negativo sobre la producción local, el empleo y la competitividad industrial. También señaló que la combinación de estas medidas con una política cambiaria restrictiva puede afectar el funcionamiento de las economías regionales, especialmente aquellas con alta dependencia de la industria.

Ley 19.640, soberanía y el rol del Estado

En relación con el marco institucional, Díaz hizo referencia a la Ley de Promoción Industrial 19.640, destacando su importancia histórica para el desarrollo de la provincia, pero cuestionando la falta de decisiones concretas del Gobierno nacional para ampliar o fortalecer su aplicación en el contexto actual. En ese sentido, sostuvo que la falta de nuevas inversiones industriales tiene consecuencias directas sobre el empleo y la población, ya que sin desarrollo productivo no hay crecimiento demográfico ni consolidación territorial.

El funcionario también vinculó esta situación con la necesidad de sostener la soberanía en el extremo sur del país, afirmando que la ocupación efectiva del territorio depende de la existencia de actividad económica, infraestructura y presencia poblacional estable. Por otra parte, se refirió al funcionamiento del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), al que consideró una herramienta relevante para diversificar la economía provincial, aunque planteó observaciones sobre su implementación y distribución de recursos.

A la hora de analizar la filosofía política del oficialismo nacional, Díaz se mostró tajante:

“El Gobierno nacional ha confundido el concepto de libertad con indiferencia frente a los problemas sociales y económicos. El rol del Estado debe ser el de garantizar condiciones básicas de salud, seguridad, justicia y empleo, además de promover el desarrollo productivo”.

Consensos y el horizonte hacia 2027

En el plano político, destacó la importancia de abrir el debate entre distintos espacios para construir consensos amplios en torno al futuro de la provincia, aunque reafirmó la identidad de su espacio político ligado al justicialismo y a la defensa de la soberanía, el trabajo y la producción. Asimismo, señaló que el desafío principal es lograr la integración de Tierra del Fuego en un proyecto nacional que contemple las particularidades regionales y promueva el desarrollo equilibrado de todas las provincias.

Finalmente, el funcionario sostuvo que las decisiones del Ejecutivo nacional tienen un impacto directo en la obra pública y en la infraestructura local, mencionando la paralización de proyectos financiados con recursos nacionales, lo que —según afirmó— repercute en la calidad de vida de los vecinos de Río Grande y en el desarrollo general de la provincia. “Hasta el momento no existe una definición clara sobre cuál sería el lugar de Tierra del Fuego en las políticas del Gobierno nacional, y es necesario discutir nuestro rol dentro de un proyecto de país de cara al año 2027”, concluyó Díaz.