El gasto aéreo en la mira: El legislador Lechman busca auditar la flota de la Gobernación.

 Los recientes e intensos operativos de rescate en las zonas montañosas y de difícil acceso que rodean a la capital fueguina abrieron un debate profundo sobre la capacidad logística del Estado provincial para responder ante emergencias extremas. En ese escenario, la Legislatura provincial se prepara para tratar en su próxima sesión un riguroso proyecto de resolución que exige abrir las cajas negras de la Dirección Provincial de Aeronáutica.

La iniciativa, presentada formalmente por el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos), tiene un objetivo directo: evaluar minuciosamente el grado de preparación, disponibilidad y legalidad con el que operan los recursos aeronáuticos de la Gobernación a la hora de realizar evacuaciones, asistencia sanitaria y logística en beneficio de la comunidad.

Cuatro aeronaves bajo sospecha operativa

La normativa pone el foco directamente en el corazón de la flota fueguina. El Parlamento exigirá al Ejecutivo copias de los certificados de aeronavegabilidad y el estado de servicio actualizado de las cuatro unidades de la provincia:

• Lear Jet 35 (LV-AIT)

• Bell 222 (LV-OIT)

• Arava (LV-MTP)

• Bell 427 (LV-KMX)

Respecto al helicóptero Bell 427, una pieza clave para la supervivencia y el rescate en la cordillera, el pedido de informes va más allá y exige conocer con exactitud la cantidad de horas remanentes que les quedan a sus motores y componentes de vida limitada, además de la documentación que acredite su habilitación sanitaria obligatoria.

“Durante las últimas semanas se han registrado diversos accidentes y operativos de rescate que demandaron la intervención coordinada de organismos públicos y medios aéreos... Estos acontecimientos ponen de manifiesto la importancia de contar con capacidades operativas adecuadas para brindar una respuesta rápida y eficiente”, argumentó Lechman en los fundamentos del proyecto.

¿Pilotos 'golondrina' y falta de talleres propios?

Uno de los puntos más espinosos del requerimiento apunta al personal de vuelo y la transparencia en su contratación. El legislador opositor solicitó la nómina completa de los pilotos, sus licencias vigentes, aptos médicos y el registro de horas voladas en los últimos doce meses.

Sin embargo, el dato político más punzante radica en la sospecha sobre la tripulación del helicóptero de rescate. El proyecto busca esclarecer de forma oficial si la operación del Bell 427 está en manos de pilotos que no residen en Tierra del Fuego y si estos, en paralelo, desarrollan actividades comerciales o prestan servicios en otras fuerzas u operadores privados fuera de la isla.

Finalmente, el pedido de informes pretende desarmar el esquema de mantenimiento técnico de la gobernación. La Legislatura buscará saber si la Dirección de Aeronáutica posee un taller propio debidamente habilitado, quién es el representante técnico responsable y a qué talleres externos se les derivan las reparaciones. Todo esto complementado con una auditoría al personal administrativo y al estado edilicio de los hangares e instalaciones ubicadas en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia, los cuales no han recibido informes claros de mantenimiento en los últimos 24 meses.