Alimentos, divorcios y causas de familia: el drama de los ciudadanos ante el paro en la Justicia

El conflicto gremial que mantiene paralizado al Poder Judicial de Tierra del Fuego escaló en tensión institucional. El Colegio de Abogados de Río Grande, a través de su presidente Renán Uribe, emitió una dura advertencia sobre el impacto directo de las medidas de fuerza, asegurando que la parálisis de los tribunales está dañando severamente tanto el ejercicio profesional como el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.

La huelga, impulsada por los gremios del sector (como el Sindicato de Empleados Judiciales de Tierra del Fuego - SEJUP) en reclamo de mejoras salariales, derivó en una parálisis casi total de las actividades, llegando al extremo de reportarse casos de jueces debiendo atender los teléfonos en los despachos ante la falta de personal operativo.

Abogados en el "fuego cruzado" y expedientes frenados

Según detalló Uribe, la inactividad tribunalicia está provocando que los abogados queden expuestos como el primer eslabón de reclamo ante la sociedad civil. Los profesionales de la matrícula se encuentran recibiendo quejas constantes por demoras que escapan a su control técnico.

"Nuestros clientes nos están reprochando el retraso de la Justicia", afirmó el presidente del Colegio, advirtiendo que la falta de actividad en las mesas de entradas y despachos genera una paulatina e inevitable pérdida de confianza social en el sistema judicial de la provincia.

Las causas más vulnerables

El Colegio de Abogados hizo especial hincapié en que el perjuicio es transversal, pero se ensaña de manera crítica en los fueros más sensibles, donde la urgencia de los plazos determina el bienestar inmediato de familias e individuos.

Gestiones para una tregua y llamado al diálogo

Ante la gravedad del escenario, las autoridades del Colegio de Abogados de Río Grande iniciaron una serie de gestiones bilaterales. Mantuvieron intensas reuniones tanto con los representantes de los gremios judiciales como con los ministros integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego, buscando trasladar la profunda preocupación del sector y actuar como facilitadores de una salida concertada.

Si bien Renán Uribe reconoció la legitimidad constitucional del reclamo salarial y laboral de los trabajadores de la Justicia, remarcó que la continuidad indeterminada de las medidas de fuerza resulta insostenible para la comunidad. Por tal motivo, instó formalmente a las partes en conflicto a retomar con urgencia los canales de diálogo y alcanzar un acuerdo que permita normalizar el funcionamiento integral de cada uno de los juzgados locales.