Ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con foco en Malvinas y un nuevo esquema de Seguridad Nacional

​El Poder Ejecutivo Nacional ingresó este jueves al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, busca endurecer severamente el marco regulatorio contra la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, al tiempo que rediseña de manera integral la arquitectura de seguridad estratégica del Estado argentino.

​El proyecto toma como punto de partida la reforma de la Ley 26.659 —sancionada en 2011— para ampliar el alcance de las prohibiciones hacia empresas, proveedores y directivos que participen en actividades de extracción hidrocarburífera y pesquera en la plataforma continental argentina sin la autorización del Estado nacional.

​Sanciones económicas y responsabilidad legal

​Las claves sancionatorias del texto enviado por la Casa Rosada contemplan un endurecimiento significativo de las penalidades administrativas y penales:

• ​Penas privativas de la libertad: Se establecen condenas de hasta 20 años de prisión por actividades ilegales de extracción de hidrocarburos dentro de la jurisdicción nacional.
• ​Multas millonarias: El cálculo de los montos económicos se indexará según el valor del barril de crudo.

• ​Inhabilitaciones severas: Las empresas infractoras enfrentarán la suspensión de actividades por un lapso de hasta 30 años, la revocación de habilitaciones operativas, la inhabilitación para contratar con el Estado y la pérdida de beneficios fiscales o previsionales.
• ​Juicios en ausencia y disolución: Habilita el juzgamiento de firmas internacionales sin representación presencial en el país y contempla la liquidación o disolución de personas jurídicas involucradas.

• ​Régimen de salida: Se fijan plazos de cese operativo (entre 30 y 180 días) y un esquema de regularización para aquellas compañías que decidan abandonar las operaciones ilegales en el archipiélago y someterse a la normativa argentina.

​Reorganización del Sistema de Seguridad Nacional

​Más allá del ámbito punitivo pesquero y petrolero, el proyecto introduce un nuevo modelo de coordinación estratégica denominado Sistema de Seguridad Nacional. Este esquema integra bajo un mismo marco normativo las áreas de defensa, diplomacia, inteligencia, ciberseguridad, asuntos jurídicos y protección de infraestructuras críticas.

​El órgano central será el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por la Presidencia e integrado por la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica. Este organismo contará con facultades extraordinarias para:

1. ​Protección de infraestructuras críticas: Identificar redes públicas o privadas indispensables para los servicios esenciales, la economía y el funcionamiento estatal.

1. ​Respuesta marítima y aérea: Normar protocolos de intercepción de aeronaves y buques hostiles que vulneren el espacio soberano. Se regula el uso de medidas coercitivas —que requerirán orden presidencial— y se restringe taxativamente el hundimiento de buques civiles.

1. ​Salvaguarda de información: Incorporar tipificaciones penales vinculadas a espionaje, filtración de secretos de Estado y operaciones masivas de desinformación extranjera.

​Los fundamentos de la medida

​En los fundamentos de la norma, el Gobierno enfatiza que la protección de los recursos naturales en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en la plataforma continental extendida es indispensable para la integridad territorial y el desarrollo económico del país. Según el Ejecutivo, la presencia de operaciones extranjeras ilícitas vulnera no solo derechos imprescriptibles ratificados por la Constitución Nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sino que degrada el ecosistema marino y despoja al país de activos de alto valor energético.

​Asimismo, la Casa Rosada fundamenta la reestructuración del Sistema de Seguridad Nacional en la necesidad de modernizar los protocolos de disuasión y coordinación estatal frente a amenazas híbridas contemporáneas, alineando la legislación interna con estándares de gestión de crisis en materia económica, cibernética y geopolítica.

​El debate sobre la iniciativa quedará a cargo de las comisiones parlamentarias en las próximas semanas de forma concurrente con el tratamiento del Presupuesto, abriendo un nuevo capítulo en la política exterior y de defensa de la República Argentina.