La decisión sobre los recursos naturales en las islas Malvinas corresponden de manera exclusiva a la Argentina

​El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Dr. Juan Vicente, brindó detalles cruciales sobre los alcances institucionales y jurisprudenciales de la medida cautelar que ordenó paralizar las actividades hidrocarburíferas del proyecto petrolero León Marino (Sea Lion), impulsado de forma ilegítima por las operadoras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en el lecho marino al norte de las Islas Malvinas.

En sus declaraciones, el funcionario judicial enfatizó el principio rector que sostiene el procedimiento promovido ante el tribunal fueguino: la titularidad de los recursos naturales en la plataforma continental del Atlántico Sur corresponde plenamente a la República Argentina, por lo que cualquier tipo de explotación sin autorización del Estado nacional configura una abierta violación a la legislación soberana y ambiental vigente.

​Vicente detalló que la actuación de la jueza federal Mariel Borruto responde a la reafirmación de la jurisdicción nacional para intervenir en los litigios que afecten la soberanía y la ecología de las Islas Malvinas y sus aguas adyacentes, recordando que "el juez natural de Malvinas es el Juzgado Federal de Río Grande".

Al abordar el fundamento de la restricción precautoria dictada contra las compañías de capitales británicos e israelíes, remarcó que el tribunal constató la total invalidez jurídica de los trabajos ante la ausencia de un procedimiento administrativo nacional y de una Evaluación de Impacto Ambiental procesada conforme a las leyes argentinas.

En esa línea, sostuvo que no puede pretenderse realizar prospecciones ni montajes de infraestructura industrial bajo licencias ilegítimas otorgadas por el gobierno colonial de las islas, ya que el dominio originario y la capacidad de regulación sobre esos espacios de la plataforma continental corresponden indiscutiblemente al Estado argentino.

​Asimismo, el funcionario judicial puntualizó la relevancia de la participación de los distintos actores institucionales en el proceso colectivo abierto tras las amparos presentados por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA), a la que se sumó la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el municipio de Río Grande.

Vicente explicó que el fallo no solo exige frenar la ejecución de obras materiales e intimó a las firmas demandadas a presentar informes de sus maniobras en un plazo estricto, sino que encomienda medidas directas a la Cancillería Argentina para certificar el estatus de las gestiones y proyectar la protección de los recursos nacionales.

Con este pronunciamiento, la Justicia de Tierra del Fuego sienta un precedente contundente al establecer que ninguna operación económica sobre el lecho marino del Atlántico Sur puede consolidarse al margen de la Constitución y las leyes soberanas del país.