Malvinas: el Reino Unido rechazó el arbitraje argentino por el petróleo y cuestionó la relación bilateral

La tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido escaló de forma significativa luego de que el gobierno británico rechazara formalmente la decisión de la administración de Javier Milei de impulsar un arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Desde Londres no solo desestimaron el planteo jurídico, sino que advirtieron que la ofensiva argentina “plantea interrogantes” sobre la confiabilidad del país como socio estratégico.

La respuesta oficial británica estuvo a cargo de Uma Kumaran, ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, tras la notificación formal enviada por Buenos Aires en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La iniciativa de la administración argentina apunta específicamente a bloquear el desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte.

A través de sus redes sociales y de un comunicado oficial, Kumaran ratificó la postura histórica de Londres sobre el archipiélago. "Las Falklands son británicas. Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los isleños", escribió la funcionaria antes de calificar la jugada jurídica de Buenos Aires como "el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo" de las islas.

Asimismo, el gobierno británico sostuvo que las actividades en la plataforma continental del archipiélago se regulan mediante su legislación local y cumplen estrictamente con el derecho internacional y la propia CONVEMAR.

Sin embargo, el punto más álgido del comunicado se trasladó al plano político de la relación bilateral. Kumaran reveló que la postura fue transmitida de manera directa al embajador argentino en el Reino Unido: "Los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Falklands no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado. Tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido", sentenció.

La reacción de Londres llega luego de que el presidente Javier Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR.

El Ejecutivo nacional fijó un plazo de dos semanas para que el Reino Unido adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas. A través de sus redes sociales, el mandatario fue categórico: "Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar".

Por su parte, el canciller Pablo Quirno confirmó la notificación formal a Londres. El objetivo inmediato del Gobierno no es aguardar el fallo definitivo del arbitraje —un proceso que suele extenderse por años—, sino solicitar una medida provisional (cautelar) ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto mientras se conforma el tribunal arbitral, argumentando el uso irreversible de recursos no renovables.

El proyecto hidrocarburífero Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, ha superado su etapa exploratoria. Operado por la compañía israelí Navitas Petroleum (que posee el 65% de participación) junto a la británica Rockhopper Exploration (35%), el desarrollo adoptó su decisión final de inversión con el objetivo de iniciar la producción petrolera hacia 2028, contemplando perforaciones submarinas y una unidad flotante de producción y almacenamiento.

Mientras la Argentina invoca las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la soberanía en disputa y llaman a evitar modificaciones unilaterales en la región, el Reino Unido apela al principio de autodeterminación de los isleños y a su derecho a explotar los recursos naturales. Vencido el plazo estipulado por la Casa Rosada, el conflicto se encaminará hacia una confrontación directa en los estrados internacionales y un nuevo enfriamiento del vínculo diplomático bilateral.