Aprueban una erogación superior a los 800 mil dólares para el alquiler de equipos de generación eléctrica

Los factores clave del historial de contrataciones

• Modelo de gestión: Las contrataciones se tramitaron tanto de forma directa a través de la DPE y el Ministerio de Energía como mediante triangulaciones financieras con la empresa pública Terra Ignis S.A.U.
• Proveedor principal: La firma Sullair Argentina S.A. ha sido la adjudicataria predominante de los contratos de provisión de módulos diésel/gas de generación distribuida.
• Impacto presupuestario: La continuidad de los arrendamientos ha demandado erogaciones recurrentes en dólares durante más de dos años, mientras avanzan los proyectos para la adquisición de nuevas turbinas de base o centrales térmicas definitivas.

¿Qué observaciones o informes emitió el Tribunal de Cuentas sobre la emergencia energética en Tierra del Fuego?

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego (TCPTDF) ha emitido diversos informes legales, auditorías y resoluciones plenarias (como el Informe Legal N° 76/2024 y la Resolución Plenaria N° 29/2025) orientados a fiscalizar la emergencia eléctrica y los esquemas de contratación directa instrumentados por la Dirección Provincial de Energía (DPE).

Principales observaciones y señalamientos del órgano de control

• Falta de mantenimiento preventivo y previsibilidad: El Tribunal de Cuentas señaló que la crisis del parque generador de Ushuaia no se originó en un evento fortuito o impredecible. Basándose en los propios informes técnicos de la DPE (como el Informe N° 20/2024), constató que las turbinas habían superado holgadamente las horas de uso recomendadas por los fabricantes sin que se realizaran los mantenimientos mayores o correctivos a tiempo, lo que derivó en la falla de unidades clave como la TG7.

• Autarquía de la DPE y competencia normativa: En el análisis del Decreto Provincial N° 996/2024 (que declaró la emergencia), el cuerpo de auditores cuestionó la injerencia directa del Poder Ejecutivo en procesos de contratación que, según la Ley Provincial N° 117, le corresponden a la DPE como organismo autárquico. Asimismo, advirtió que la declaración de emergencia requería la ratificación del Poder Legislativo para contar con pleno respaldo institucional.

• Triangulación financiera y esquema de contratación: El TCP analizó el esquema mediante el cual la Provincia giró aportes a la empresa estatal Terra Ignis S.A.U. para que esta actuara como contratante intermedio del alquiler de los equipos generadores con la firma Sullair Argentina S.A., exigiendo mayor transparencia en la rendición de cuentas e integración contable entre los entes públicos.

• Deficiencias en los controles internos de la DPE: Señaló inconsistencias entre los registros presupuestarios, dificultades para consolidar la información contable y falencias en los mecanismos de control administrativo dentro de la DPE. Estas observaciones derivaron en reestructuraciones y desplazamientos dentro de la estructura de Auditoría Interna del ente energético.

• Intimación a presentar un plan de salida: Mediante resoluciones plenarias, el Tribunal intimó al Ministerio de Energía y a la DPE a formalizar un plan detallado de corto y mediano plazo. Exigió precisar quiénes serán los responsables de la ejecución, qué obras técnicas se llevarán a cabo, los plazos concretos de finalización y el origen de los fondos para evitar que la modalidad de alquileres transitorios en dólares se transforme en una solución indeterminada.