​BUENOS AIRES — Un pormenorizado informe técnico sobre el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la cuenca de las Islas Malvinas ha comenzado a circular en ámbitos financieros e industriales, arrojando serias dudas sobre las proyecciones económicas, las métricas de extracción y la factibilidad operativa presentadas por las empresas operadoras. El documento, elaborado a partir del análisis de datos públicos y balances corporativos, cuestiona duramente los supuestos bajo los cuales la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration pretenden iniciar la explotación offshore de crudo en el Atlántico Sur.

Proyecciones bajo la lupa técnica

​El estudio centra sus objeciones en las cifras clave del denominado "Base Price Case" del proyecto. Entre los puntos más críticos, los analistas petrofísicos señalan que la tasa estimada de recuperación de 14 millones de barriles por pozo resulta desmedida e inconsistente con las características geológicas y volumétricas del reservorio.

​Asimismo, califican de "no razonable" el gasto de capital (CAPEX) proyectado en aproximadamente 36 millones de dólares por pozo, una cifra juzgada excesivamente baja para las complejas y hostiles condiciones meteorológicas y de logística marina que caracterizan a las operaciones offshore en latitudes australes.

​A estas inconsistencias en la estructura de costos se suma una elevada incertidumbre sobre la categorización de los recursos contingentes y prospectivos anunciados por el consorcio. De acuerdo con el relevamiento, existiría una brecha considerable entre los discursos promocionales destinados a sostener la cotización bursátil y captar financiamiento, y los riesgos operacionales reales que implica desarrollar un yacimiento ubicado a más de 200 kilómetros al norte del archipiélago.

​El plan corporativo y el impacto en las islas

​A pesar de los cuestionamientos técnicos, Navitas Petroleum —operadora del área— y Rockhopper mantuvieron sus compromisos públicos de avanzar según el cronograma fijado. La iniciativa, que contempla una decisión final de inversión inicial cercana a los 1.800 millones de dólares para su primera fase, prevé iniciar las perforaciones de desarrollo a principios de 2027 para extraer los primeros barriles comerciales en 2028.

​El esquema proyecta alcanzar en la etapa inicial una producción de 55.000 barriles diarios a través de 20 pozos, para luego desplegar fases subsecuentes que ampliarían el desarrollo a 38 pozos y llevarían el bombeo hasta los 125.000 barriles diarios mediante el buque procesador y de almacenamiento OSX-1. Estimaciones económicas señalan que el proyecto podría aportar unos 4.900 millones de dólares acumulados en impuestos y regalías a la administración isleña a lo largo de 30 años, transformando sustancialmente el perfil económico del territorio.

​Escalada diplomática y judicial con Argentina

​El trascendido de este estudio se produce en un contexto de acentuada fricción diplomática y judicial. El Gobierno argentino, que ratifica la soberanía sobre el archipiélago y su plataforma continental, considera que cualquier exploración o explotación de recursos sin autorización de Buenos Aires es plenamente ilegal. Tras ratificar inhabilitaciones administrativas por 20 años contra las empresas participantes, el Ejecutivo nacional advirtió con elevar el reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y activar instancias de arbitraje internacional.

​En la esfera judicial local, fallos emitidos por el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, ordenaron el cese inmediato de los actos materiales de ejecución del proyecto "León Marino". No obstante, los ejecutivos de las petroleras desestimaron las medidas argentinas tildándolas de "ilegítimas y sin justificación jurídica", amparándose en el respaldo del Gobierno británico y de las autoridades locales.

​Con la difusión de estos severos reparos sobre su viabilidad financiera e ingeniería de costos, el proyecto Sea Lion no solo enfrenta un terreno geopolítico áspero, sino también crecientes dudas entre los analistas sobre la sustentabilidad económica real del emprendimiento en el mar del Atlántico Sur.