La legisladora provincial del Partido Verde,Laura Colazo, fundamentó su cambio de postura durante el debate por el financiamiento educativo en Tierra del Fuego, aclarando que su acompañamiento final a la ley respondió a la incorporación de garantías específicas tras haber rechazado inicialmente su tratamiento expreso. Según explicó la parlamentaria, su negativa original apuntó exclusivamente a las formas legislativas y no al fondo de la cuestión, sosteniendo que "su voto inicial en contra estuvo relacionado con el tratamiento sobre tablas y la falta de información para analizar la propuesta, pero no con la necesidad de mejorar los recursos destinados al sistema educativo".
En ese marco, Colazo detalló que su bloque exigió modificaciones concretas para proteger a los usuarios del sistema financiero local frente a la quita de la exención impositiva al Banco de Tierra del Fuego (BTF) dispuesta por la nueva norma. Al respecto, subrayó que "el planteo de su bloque fue que el costo de esa modificación no se traslade a los clientes de la entidad", confirmando que dicha cláusula fue integrada al texto aprobado y advirtiendo que desde su espacio "estarán atentos a que se cumpla". Asimismo, valoró positivamente la creación de un observatorio educativo encargado de auditar las políticas del área, las horas de clase y los contenidos, junto con el establecimiento de una meta de inversión equivalente al 7,5% del Producto Bruto Geográfico, un objetivo que, según remarcó, demanda rigor en su planificación y control.
A pesar de haber respaldado la iniciativa, la referente del Partido Verde advirtió que la sanción de esta herramienta financiera no resuelve por sí sola la crisis del sector, señalando que "la aprobación de la ley no representa una solución integral para los problemas de la educación fueguina". En esa línea, enumeró una serie de deudas estructurales que siguen pendientes en la agenda provincial, tales como "el estado de los edificios escolares, el acompañamiento socioeducativo y el equipamiento de las instituciones", e instó a debatir proyectos complementarios presentados por distintos bloques. Finalmente, reafirmó su compromiso para asegurar la continuidad pedagógica en el próximo ciclo lectivo, manifestando la necesidad de que la discusión se dé con los alumnos dentro de las escuelas y expresando su postura a favor de "garantizar el dictado de clases durante 2027", entendiendo la flamante normativa como un punto de partida y no como el cierre del debate educativo.