Falta de información, contradicciones y dudas en la ejecución: las críticas de Matías Lapadula al Fondo de Financiamiento Educativo

​El debate en torno al proyecto de Ley N° 519/26, enviado por el Poder Ejecutivo provincial para crear el Fondo de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, sigue sumando severos cuestionamientos en el ámbito de la Legislatura fueguina.

El legislador Matías Lapadula (bloque Provincia Grande) puso bajo la lupa la iniciativa que se analiza bajo trámite de urgencia, señalando inconsistencias entre el discurso político y la viabilidad financiera del proyecto, además de remarcar la ausencia de datos técnicos indispensables.

​Uno de los ejes centrales planteados por Lapadula apunta a lo que calificó como una "inconsistencia matemática y discursiva" dentro del recinto. Luego de que la Cámara resolviera por 8 votos contra 7 mantener el tratamiento de urgencia de 30 días, diversos pares manifestaron que, si bien apoyan acelerar el debate, no respaldarán los incrementos tributarios previstos —entre ellos, la alícuota del 3,4% a la distribución de gas natural, el adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre el Banco de Tierra del Fuego y la desafectación del 0,5% de la recaudación provincial—. Ante esa postura, el parlamentario advirtió: “Si sacamos los impuestos, ¿de qué se nutre este fondo? Queda vacío”, remarcando que sancionar una ley recortando sus fuentes de ingresos centrales terminará generando una herramienta sin presupuesto asignado.

​Asimismo, Lapadula rechazó que las falencias del sistema educativo pretendan solucionarse mediante nuevos tributos o tarifazos que impacten en los contribuyentes y en el sector productivo. En ese sentido, denunció que "sigue faltando información clave por parte del Poder Ejecutivo", ya que la Legislatura no cuenta con estimaciones sobre cuánto prevé recaudar el Gobierno con cada una de las alícuotas propuestas ni qué impacto financiero tendrá sobre la coparticipación que perciben los municipios.

​Las dudas del bloque se extienden además a las metas de largo plazo fijadas por la iniciativa. El texto oficial establece una meta progresiva a cinco años para llevar la inversión educativa al 7,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG). Sin embargo, Lapadula cuestionó que el propio texto difiera para más adelante la definición metodológica sobre cómo se calculará dicho PBG: “Pretender fijar un porcentaje de inversión sin saber cuál es el valor de referencia es empezar el debate al revés”, sintetizó.

​Por otra parte, el legislador exigió mayor transparencia sobre la ejecución de los recursos que actualmente administra el Ministerio de Educación. Al respecto, puso de relieve el volumen de asignaciones presupuestadas: “Tenemos 1.200.000 horas docentes presupuestadas. ¿Cuántas se ejecutan? ¿En qué? ¿Cuántas son horas frente al aula y cuántas son administrativas o de otro tipo?”, planteó, argumentando que antes de discutir cargas tributarias adicionales es indispensable auditar y optimizar la eficiencia del gasto público existente.

​El análisis de la medida continuará en el seno de la Comisión de Educación (Comisión 4) y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (Comisión 2) —esta última presidida por el propio Lapadula—, donde se citará a los funcionarios del gabinete provincial para exigir las proyecciones presupuestarias correspondientes antes de que venza el plazo constitucional.