


PUERTO DE USHUAIA | Tierra del Fuego recurre nuevamente a la Corte Suprema
Tierra del Fuego20/11/2026
Redacción P24

El Gobierno de Tierra del Fuego confirmó que llevará nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia la disputa por la prórroga de la intervención nacional en el Puerto de Ushuaia. Según informó la secretaria de Coordinación Legal de la Provincia, María Ángeles Arroyo, el Ejecutivo fueguino incorporará la reciente Resolución 69 como un "hecho nuevo" y un agravante dentro del expediente judicial que ya tramita en el máximo tribunal, con el objetivo central de revertir la medida y restituir la terminal marítima a la administración provincial.
El conflicto institucional escaló tras las duras críticas de la funcionaria hacia los argumentos esgrimidos por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para justificar la continuidad de la intervención. Mientras el Gobierno nacional sostuvo inicialmente que la medida respondía a supuestas deficiencias de infraestructura, Arroyo aseguró que durante los últimos diez meses el puerto operó con absoluta normalidad, recibió las recaladas programadas y no registró incidentes ni accidentes vinculados al estado de sus instalaciones.
Asimismo, la representante legal de la Provincia desmintió el plan de obras presentado por Nación para respaldar la prórroga. De acuerdo con su denuncia, de las nueve intervenciones que la ANPYN reporta como "en ejecución", solamente una se encuentra efectivamente en marcha desde septiembre: el reemplazo de las defensas del frente del muelle comercial. El resto de los trabajos —como la reparación del sitio 1, prevista recién para enero de 2027— tienen fechas proyectadas entre diciembre de 2026 y diciembre de 2029, lo que para el Gobierno fueguino constituye una falsedad en actos administrativos y genera alerta sobre la posible extensión indefinida de la intervención.
En el plano técnico, Arroyo calificó los anexos presentados por Nación como un documento "paupérrimo" que dista de ser un verdadero programa de modernización portuaria, señalando que se trata de intervenciones menores de uno o dos meses de duración que, en gran medida, ya habían sido planificadas y licitadas previamente por la Dirección Provincial de Puertos.
A las objeciones técnicas y legales se suman reclamos de índole financiera y laboral. Desde la Provincia denunciaron un manejo irregular y falta de transparencia en el destino de los fondos recaudados por el puerto, advirtiendo que la ANPYN no ha respondido a los pedidos de informes oficiales. Paralelamente, el Ejecutivo fueguino alertó sobre el impacto económico de sostener los salarios de los trabajadores que fueron desplazados de la estructura portuaria por decisión de los interventores, una carga financiera que la administración local asumió para proteger las fuentes laborales mientras aguarda una resolución definitiva de la Justicia.




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