Natalia Gracianía rechazó financiar el sistema educativo mediante un aumento de impuestos

​La discusión parlamentaria sobre la educación en Tierra del Fuego sumó un vertiginoso capítulo tras el rechazo firme de la legisladora provincial Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) al proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo impulsado por el Gobierno de Gustavo Melella.

La referente oficializó su postura en contra de generar nuevos incrementos o modificaciones en la estructura tributaria provincial como vía para saldar los compromisos del sistema educativo.

​El proyecto elevado por el Poder Ejecutivo busca la creación de un fondo destinado a sostener recomposiciones salariales docentes, obras de infraestructura y equipamiento. No obstante, los mecanismos de financiamiento propuestos —que contemplan afectaciones tributarias sobre el sector productivo y contribuyentes locales— desataron un inmediato contrapunto dentro de la Legislatura provincial.

​Gracianía ratificó que no acompañará ningún esquema que implique cargar de más presión fiscal a los comerciantes, Pymes y trabajadores de la provincia. De acuerdo con la parlamentaria, resolver la crisis educativa y garantizar la recomposición docente mediante el aumento impositivo no constituye una solución de fondo, sino un traslado del gasto público hacia la ciudadanía en un contexto económico complejo. En su lugar, planteó que los fondos deben surgir de una revisión eficiente y priorizada del propio presupuesto provincial.

​A la controversia sobre la carga impositiva se le añade la vía procedimental elegida para la iniciativa: el trámite de urgencia constitucional. Desde la bancada opositora se advirtió sobre el mecanismo que establece la aprobación ficta si la Cámara no expide un dictamen explícito dentro del plazo de 30 días, lo que motivó reclamos para remover la condición de preferencia y posibilitar un análisis ordinario y detallado en las comisiones de la Legislatura.

​Mientras las representaciones gremiales docentes reclaman la sanción urgente de herramientas definitivas de financiamiento salarial e infraestructura, el debate continuará en el seno de la comisión de Educación, con un recinto dividido en torno a la fórmula económica para sostener el sistema escolar sin resentir la economía del contribuyente fueguino.