COPARTICIPACIÓN | Río Grande intima a la Provincia y eleva la tensión por la deuda

Tierra del Fuego02/11/2026Redacción P24Redacción P24
La Municipalidad de Río Grande formalizó un reclamo legal de alta intensidad institucional contra el Gobierno Provincial de Tierra del Fuego. A través de cartas documento enviadas a autoridades clave de la administración de fondos públicos, el Municipio exige la regularización inmediata de una deuda por coparticipación que supera los $17.294 millones al 30 de septiembre. El planteo no solo reclama la transferencia urgente de los recursos, sino que advierte sobre posibles responsabilidades administrativas y penales en caso de que persista el incumplimiento.

Las notificaciones judiciales, despachadas el 30 de octubre, estuvieron dirigidas expresamente a la Contadora General de la provincia, Yesica Solange Flecha, y a la Tesorera Provincial, Romina Rouco. En los textos se solicita formalmente adoptar en un plazo de 48 horas las medidas necesarias para normalizar los Giros adeudados, los cuales integran partidas de coparticipación, regalías y fondos del Bono de Compensación. Asimismo, el municipio exige un desglose pormenorizado de las liquidaciones, pagos realizados y los fundamentos legales de cualquier retención o postergación aplicada sobre el flujo de fondos.

El conflicto económico adquiere una dimensión institucional crítica al basarse en el artículo 135 de la Constitución provincial. Desde el Ejecutivo riograndense remarcan que la coparticipación constituye una obligación legal de envío automático e inalienable, imprescindible para resguardar la autonomía económica local. Mediante el cotejo de decretos y transferencias bancarias, la gestión municipal determinó que los fondos de diversos períodos fueron girados de forma extemporánea, afectando la previsibilidad financiera, la prestación de servicios esenciales, la ejecución de obras públicas y el cumplimiento de compromisos asumidos con terceros.

Frente a este escenario, la intimación formal fija un antecedente severo. De no revertirse las demoras en el plazo establecido, Río Grande anticipó que recurrirá a la vía judicial, solicitará la intervención del Tribunal de Cuentas provincial e impulsará investigaciones ante el Ministerio Público Fiscal para determinar el accionar de las funcionarias implicadas, escalando un reclamo presupuestario al plano penal.
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