El sindicato ATE confirmó un paro nacional para el próximo viernes 6 de noviembre que afectará a 27 aeropuertos del país, incluyendo las principales terminales de la Patagonia. La medida de fuerza consistirá en una retención de tareas en reclamo por graves deficiencias en la seguridad aeroportuaria y la falta de inversión estatal, lo que anticipa demoras y cancelaciones masivas de vuelos.
El conflicto, impulsado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), incluirá un "paro a la japonesa" en las terminales de Ezeiza y Aeroparque mediante una fiscalización exhaustiva de aeronaves y pistas. Sin embargo, el impacto se sentirá con fuerza en las provincias del sur: las plazas de Bariloche, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Trelew, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia verán resentida su actividad comercial. Desde el gremio aclararon que, durante toda la jornada de protesta, únicamente se garantizará la operatoria de vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y traslados de órganos.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, responsabilizó de manera directa a la administración de Javier Milei y denunció la rotura de ambulancias, sumada a la escasez crítica de insumos de emergencia y extintores. El dirigente remarcó que el desfinanciamiento del sistema aerocomercial llegó a un punto que pone en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros, advirtiendo de forma tajante que "sin presupuesto no hay vuelos seguros". Asimismo, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quienes tildó de improvisados que "nunca subieron a un avión de línea".
Como sustento de la protesta, el sindicato presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero. En el escrito detallaron que, de los más de 220.000 millones de pesos anuales que se recaudan mediante el impuesto a la tasa aérea, menos del 10 por ciento es reinvertido en el sistema para mejorar la operatividad o los salarios del personal. Según la entidad gremial, esta situación vulnera de forma sistemática los estándares fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional y deja a los agentes desprotegidos frente a la falta de elementos básicos de protección en las pistas.