En el entendimiento de que la situación social, económica y política que vive la Nación ha generado un escenario que está incidiendo “negativamente en la vida institucional de la provincia y en la vida cotidiana de toda la población fueguina”, el Partido Social Patagónico presentó ante la Legislatura un proyecto que propone posponer hasta el 2026 el proceso de reforma constitucional previsto en la ley provincial 1529.
La dos veces Gobernadora, Fabiana Ríos, y la Diputada Nacional Carolina Yutrovic, entre otros, sostienen que más allá de coincidir con la necesidad de introducir cambios en la Constitución de la Provincia, la llegada al Gobierno del proyecto político que encabeza el Presidente Milei planteó una reforma estructural del Estado y su rol, que ya ha significado “la dramática disminución de los recursos destinados a la inversión pública en todos los rubros imaginables, el desfinanciamiento y vaciamiento de todas las áreas destinadas a la atención social de la población vulnerable, la detracción de las transferencias a las provincias” . Agregan que en un “contexto inflacionario descomunal, la disminución de las partidas presupuestarias nacionales atenta contra la erogación pública provincial en general” y que el llamado a elecciones para Convencionales Constituyentes “implicaría una significativa erogación de fondos públicos provinciales, en desmedro de aquellas funciones que se deben sustentar”. Suman a ello que “el deterioro de las condiciones de vida de la población”, al que comparan con el vivido durante la crisis de 2001, “demanda del esfuerzo denodado por parte del Estado en concentrar sus decisiones en contrarrestar las consecuencias de las políticas implementadas”, por lo que consideran que “sería pertinente que las acciones públicas orientadas a reformas políticas” como la propuesta en la ley que declaró la necesidad de reforma parcial de la Constitución “se realicen en un escenario de mayor estabilidad social, que garantice la participación de la mayoría de nuestro pueblo”. Señalan que hoy “esa mayoría se debate en la subsistencia” por lo que la discusión política sobre la transformación de las instituciones termina siendo un privilegio de quienes pueden tener algo de tiempo y recursos para poder darla”.
Argumentan que avanzar “en esta coyuntura” en la reforma de la Constitución “puede ser leída, y fundamentalmente vivida, como una exclusiva necesidad de la política” más que como una oportunidad para “fortalecer los cimientos de la soberanía, la participación de la ciudadanía y la modernización de las instituciones democráticas”. Alertan, además, que “desatender este tipo de dimensiones a la hora de llevar adelante acciones políticas, tal vez, sea una de las explicaciones de por qué hemos llegado a donde estamos”.
En función de lo expuestos proponen modificar el artículo 4 de la ley de reforma, para que el plazo de 210 días fijados para que el Poder Ejecutivo convoque a elección de convencionales constituyentes comience a correr “desde el 1° de marzo de 2026”, y no desde la fecha de promulgación de la ley 1529, lo que ocurrió el 29 de diciembre del año pasado.
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