Secretismo, ñoquis, contratos truchos, sobresueldos y gastos sin rendición se repiten en las legislaturas de todo el país

Actualidad 12/06/2024
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Falta de datos precisos sobre la contratación de empleados y el nombramiento de asesores; existencia de ñoquis y otro casos “Chocolate”; manejos opacos del presupuesto y de fondos reservados; gastos protocolares sin rendición; ausencia de registro de asistencia del personal; uso de vehículos incautados por la Justicia; y más de un centenar de pasajes aéreos por mes a disposición. Estos son algunos de los principales hallazgos de una nueva investigación de la red federal RUIDO, sobre la falta de transparencia en las 24 legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. El informe, realizado en alianza con Poder Ciudadano, revela que el denominador común de las legislaturas locales, en la gran mayoría de los casos, es el ocultamiento de información relativa a su funcionamiento, su personal y la ausencia de controles eficientes.

En Tucumán, hasta la Corte Suprema provincial avaló ese secretismo al considerar que son “datos sensibles”, según revela el informe conocido hoy. En esta provincia, ninguno de los 49 legisladores contestó el pedido de acceso a la información de RUIDO solicitando los datos sobre los recursos a su disposición o el personal de la Legislatura. Hay casos como el de Misiones, en donde ni siquiera se informa el presupuesto anual que tiene el cuerpo. Legisladores de la oposición tampoco se mostraron proclives a brindar información.

Lejos del escrutinio público, se repiten los casos de empleados “ñoquis” que cobran sin haber pisado nunca una legislatura. En uno de los casos que tomó mayor dimensión pública, el de Julio “Chocolate” Rigau que cobraba los sueldos con las tarjetas de débito de, al menos, 50 personas registradas como empleados en la Cámara de Diputados bonaerense que no iban a trabajar, este cuerpo le entregó a la Justicia el listado de las personas que trabajan o trabajaron en la Secretaría Administrativa, recién ante la inminencia de una allanamiento. La maniobra habría estado destinada a generar una caja para el financiamiento ilegal de la política.

En Entre Ríos, un asesor del exdiputado provincial Ricardo Troncoso denunció en 2018 que debía dejar parte de su sueldo al legislador. Fue el puntapié de la causa conocida como los “contratos truchos” de la Legislatura, que implicó un desfalco de unos USD 53 millones entre 2008 y 2018, un escándalo cuyo juicio aún no comenzó en la provincia.

El informe revela casos de incorporaciones masivas de personal. como en la Legislatura de Chaco donde, en 2023, hubo un ingreso de 300 personas. Y en San Luis, a meses de dejar el gobierno, a finales del año pasado, el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá impulsó una reforma que creó 53 nuevos cargos políticos en la Legislatura. La nueva gestión dio marcha atrás con esas designaciones. En la Legislatura de Entre Ríos, en tanto, se dio un proceso de “depuración” de contrataciones producidas en el último año, antes del cambio de gobierno.

En la mitad de los legislaturas provinciales en el país no hay registro de asistencia de personal o faltaron datos suficientes para determinar si existe. Y en las otras 12 existen sistemas por huella dactilar, biométrico o por planilla, pero no se pudo comprobar que los mismos se utilicen en todos los espacios, o para toda la planta de personal.

El secretismo que rodea a los gastos de las legislaturas permite, también, que haya diputados provinciales que cobran “doble salario”, como en San Luis, donde los legisladores reciben cada mes una cantidad de “módulos” equivalentes a un salario bruto. Si bien deben ser rendidos, no hay constancia de que lo hagan. Es decir que cada mes reciben, además de $1.400.000 de dieta, otro monto similar por ese concepto, según determinó RUIDO.

En Jujuy existe un “Régimen de fondos para el funcionamiento de organismos legislativos” desde hace 25 años que, en la práctica, es una especie de sobresueldo para uso discrecional de cada diputado jujeño. Los proyectos para derogar este régimen nunca avanzaron. En Entre Ríos, los legisladores, además de la dieta mensual, reciben un monto indeterminado de módulos para contratar asesores, más allá de que cuentan con empleados de planta que se les asignan, y personal adscripto.

Sólo en 11 de los 24 legislatura locales se pudo conocer cuántos asesores hay por legislador. El número va de 2 hasta 10 por cada uno, como en Tierra del Fuego o Formosa. En las otras 13 provincias, RUIDO no pudo determinar este dato porque no dieron esa información. El informe revela que, en casi todos los casos relevados, existen otras modalidades de contrataciones a cuyos registros no se pudo acceder.

Por ejemplo, en Tierra del Fuego, la presidencia del cuerpo - hoy a cargo de la vicegobernadora Mónica Urquiza -puede designar hasta 68 asesores, además de los 10 que nombra cada legislador. En esa misma provincia, la planta política es más grande que la permanente. El año pasado tuvo solo cuatro sesiones ordinarias.

En Santa Cruz, tras el cambio de gestión, las nuevas autoridades debieron enviar carta documento al personal para que se presente a trabajar y 19 personas quedaron cesantes porque nunca lo hicieron. Incluso, había quienes vivían en otras localidades y otras provincias.

En el país, ocho provincias tienen un sistema bicameral, por lo que sus gastos se duplican: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, Catamarca y Salta. El resto tiene una única cámara legislativa.

De hecho, las plantas de empleados más numerosas - de las que se pudo recabar información - son las de tres distritos donde hay legislaturas bicamerales: Corrientes, donde suman 3.359 empleados entre personal permanente y temporario en sus dos cámaras; Catamarca, con 3.103; y Provincia de Buenos Aires (2.850 entre Diputados y Senadores). Le siguen la unicameral de Chaco, donde hay 2.300 empleados; Formosa, cuya legislatura tiene 1.802 pero los diputados sólo registran 300; Córdoba (1.583) y Ciudad de Buenos Aires (1.145 empleados).

El relevamiento de RUIDO detectó casos de parientes de legisladores y/o exfuncionarios provinciales que recayeron como empleados en las legislaturas de Chaco, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. En esta última provincia, hubo 26 designaciones de familiares o dirigentes vinculados a la oposición, tras un acuerdo -nunca desmentido- entre el Gobierno y los diputados radicales.

En Entre Ríos, la Legislatura también funcionó como una especie de oficina de empleo, desde donde se contrató a familiares y allegados de dirigentes políticos, personas sin experiencia en el trabajo parlamentario y sin especialidad. Los contratos más escandalosos de Diputados fueron para los hijos del ex ministro de Gobierno, ex vicegobernador y ex intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl. Los jóvenes Joaquín y Franco Bahl fueron designados en la Cámara baja durante 2023, con retroactividad a diciembre de 2022. El objetivo es que alcanzaran el año de antigüedad para conseguir estabilidad en el cargo, según está previsto constitucionalmente y en el Artículo 7 de la Ley Provincial N° 9.755 de Empleo Público. Las nuevas autoridades de cámara revocaron las contrataciones.

En Río Negro, un ex ministro nacional, ex intendentes y familiares de legisladores o de otros dirigentes políticos de la provincia aparecen dentro del “staff” del cuerpo legislativo que en 2023 sesionó apenas 7 veces para el debate y la votación de proyectos de ley.

Respecto del presupuesto que manejan las legislaturas, en 19 casos no fue posible determinar la partida con la que cuentan los distintos bloques políticos. En Córdoba, por ejemplo, hay fondos para cada bloque y para pasajes, pero no se pudo conocer los montos. En Catamarca, los “gastos de bloque” son aportes mensuales que se actualizan con los salarios. No se rinden y son discrecionales, al igual que lo destinado a “subsidios”. Sólo en 5 de las 24 legislaturas se pudo comprobar que no existe presupuesto extra por bloque.

Cinco de las 24 distritos cuentan con gastos reservados; y si bien en 10 provincias ya no existen si disponen de ellos ya que no se brindaron precisiones, ante un pedido de Acceso a la Información. en 5 de los 24 existen gastos reservados, pero en 13 no se entregó ninguna información sobre su continuidad o no.

Además, los legisladores provinciales suelen disponer de gastos protocolares, en algunos casos millonarios. Si bien son para usar en el ejercicio de su función, no rinden cuentas sobre ellos, según detectó la investigación de RUIDO. En Santa Cruz, hay $32 millones para gastos protocolares (antes eran gastos reservados) sin rendir el año pasado, de los cuales $8 millones fueron retirados en julio, cuando la Legislatura estaba en receso por vacaciones de invierno. La nueva gestión denunció el caso a la Justicia.

A esto se suma que muchos legisladores reciben pasajes para sus traslados, como es el caso de Chubut, donde el presidente de la Legislatura dispone de 198 tramos anuales terrestres nacionales o sus equivalencias, y 130 tramos anuales aéreos nacionales. El resto de los diputados cuenta con 72 pasajes terrestres y 50 tramos aéreos por año.

En varios casos, las autoridades de las legislaturas disponen de autos oficiales. A raíz de un siniestro vial protagonizado por el entonces presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, el 29 de octubre de 2023 salió a la luz que el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia había entregado nueve vehículos judicializados, la mayoría de alta gama, que se distribuyeron entre algunos de los presidentes de bloque. Cuatro de ellos estaban bajo responsabilidad de González. Por el siniestro fue imputado por homicidio culposo -falleció una persona y dos sobrevivieron con graves secuelas físicas- y también fue procesado por la Justicia Federal por depositario infiel del auto BMW 1 con el que chocó.

La investigación de RUIDO y Poder Ciudadano comenzó en febrero de 2024, con la presentación de pedidos de Acceso a la Información Pública a las legislaturas en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires referidos a la cantidad de personal, niveles salariales, registros de asistencia o gastos reservados, entre una treintena de ítems.

Sin embargo, sólo 3 de las 24 legislaturas respondieron el pedido con datos casi completo: Córdoba, Santa Cruz y San Luis. Otras 6 lo hicieron de manera parcial: Ciudad de Buenos Aires, Catamarca (respondió solo la Cámara de Diputados, pero no la de Senadores), Entre Ríos (respondió un solo cuerpo, pero a la inversa), Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego.

En los restantes 15 distritos, no hubo respuesta. Fue el caso de las legislaturas de Formosa, Tucumán, La Pampa, La Rioja, San Juan, provincias donde aún no hay ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, en Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Corrientes, Chubut, donde sí hay una normativa provincial de este tipo, tampoco brindaron la información solicitada.

En los casos en que no hubo respuesta, se buscó reconstruir el contenido con los datos disponibles, declaraciones periodísticas, boletines oficiales y otros documentos que permitieron contar con un panorama aproximado. El trabajo revela el poco nivel de transparencia que impera en las provincias argentinas, y plantea “la necesidad de reforzar aspectos de un poder clave del Estado para la calidad ciudadana y democrática”.

La investigación completa de RUIDO se puede ver aquí. Contó el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, una organización sin fines de lucro originaria de Alemania y asociada al Partido Democrático Libre (FDP), y de de la Fundación Federalismo y Libertad, surgida en Tucumán, ambas de extracción liberal.

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