En busca de un complicado equilibrio entre el negocio vitivinícola y la seguridad en las rutas, Mendoza incrementó las penalizaciones para conductores alcoholizados que protagonicen siniestros viales, mientras sigue rechazando la implementación del “alcohol cero”. Desde que fue promulgada la ley nacional que impide beber alcohol a quienes conducen vehículos, esa provincia se instaló como el único distrito del país donde siguen aumentando las víctimas fatales en incidentes de tránsito.
Presionados por las cámaras empresarias, sus legisladores nacionales votaron en contra del proyecto denominado “Alcohol Cero al Volante”. El actual gobernador, Alfredo Cornejo, presidía entonces el interbloque de Juntos por el Cambio del Senado: “Estamos de acuerdo en que no queremos más accidentes de tránsito ni víctimas fatales, pero la ley de Alcohol Cero no es la herramienta”, argumentó durante el debate.
Y si bien fue aprobada y promulgada, el Ejecutivo mendocino resolvió no adherir a la iniciativa, por lo cual quienes conducen vehículos pueden circular hasta con 0,5 miligramos de alcohol en sangre en el territorio provincial.
En este contexto, la Legislatura provincial sancionó el miércoles una normativa para que los conductores involucrados en accidentes que registren resultado positivo en el control de alcoholemia estén obligados a pagar los gastos originados por una eventual atención médica en establecimientos públicos.
Según se explicó en el recinto, habrá un recupero de todas las prestaciones de salud que realicen los efectores públicos, en beneficio de quien participe u ocasione un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol. La flamante normativa forma parte del Plan Provincial de Salud, que involucra una paquete de leyes específicas, y el Ministerio de Salud fue habilitado para cobrar estos costos a través del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal).
Entre los objetivos figura “recuperar el costo que la violación de distintas normas genera en el sistema de salud público provincial”, de acuerdo a un artículo publicado ayer por el diario Los Andes. Para cumplir con ese fin, la norma faculta al Ministerio de Salud y Deportes, a través del Ente creado por Ley Nº 9535 (Reforsal), para ejecutar “el cobro o recupero de las prestaciones de salud realizadas por efectores del Sistema de Salud Público en beneficio del conductor que, habiendo incurrido en las prohibiciones del artículo 52 incisos 7 y 8 de la Ley Nº 9024, participare u ocasionare un accidente de tránsito conforme a la responsabilidad que a su respecto establezca la autoridad competente”.
Ese artículo de la Ley de Seguridad Vial prohíbe conducir automóviles, bicicletas con o sin motor, motocicletas o ciclomotores y transportes de pasajeros y cargas, bajo los efectos del alcohol por fuera de los límites establecidos, de psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluyen también medicamentos y sustancias cuyos efectos alteren el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro.
Entre sus fundamentos, el proyecto del Ejecutivo advertía que, una de cada cuatro muertes producidas por incidentes viales está vinculada “con la violación a la prohibición de conducir vehículos bajo los efectos de intoxicación alcohólica o por estupefacientes, a lo que deben adicionarse las víctimas que resultan lesionadas”.
El cobro por gastos médicos alcanza a quienes “no tengan ni obra social o prepaga” mientras que “se otorga facultades al ente recaudador del Ministerio de Salud para cobrar esos costos a quienes se encuentren fuera de esta situación”.
La ley de tolerancia cero entró en vigencia el 3 de mayo de 2023, pero el entonces gobernador, Rodolfo Suárez, cedió a las presiones del sector bodeguero y mantuvo el límite de 0,5 gramos de alcohol en sangre. En la misma situación permanecen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe, Corrientes, Misiones y San Juan.
Sin embargo, Mendoza es el único distrito donde continúa en aumento la siniestralidad vial. Según datos de la Dirección de Estadística Vial, en 2022 registró 108 muertos en accidentes viales, cifra que en 2023 aumentó a 111, lo que importa un incremento del 3%. Lejos de mejorar, este año la situación empeoró notablemente: con 89 víctimas fatales en poco más de seis meses, la provincia ya está muy cerca de la cifra de 2023.
En cambio, los restantes distritos redujeron sus víctimas fatales en los últimos dos años: CABA en un 34%, Santa Fe en un 16%, Corrientes un 11%, Misiones un 4% y San Juan un 1%. Estos datos fueron informados por el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el escrito con el que respondió a las requisitorias desde el Senado, a mediados de mayo.
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