A casi diez años de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, la justicia internacional dictó sentencia y el estado argentino deberá resarcir a la compañía española Marsans con 320 millones de dólares más intereses en concepto de indemnización. Así lo determinó el Tribunal Arbitral del Banco Mundial en un fallo que se conoció en las últimas horas.

En un documento de 551 páginas, el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), con sede en Washington, sostuvo que el Estado argentino "incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones". En otro de los tramos, según publicó el diario Clarín, también se hace referencia a "medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones” y a “expropiar ilegalmente las inversiones” en cuestión.

Marsans había reclamado una indemnización de más de 1.600 millones de dólares por los daños causados al grupo por la expropiación de la aerolínea y sus empresas subsidiarias, Austral, el operador turístico Optar, la empresa de carga Jet Paq y la de servicios de rampa Aerohandling.

Además de los mencionados 320 millones de dólares, el estado argentino deberá pagar otros US$ 23,76 millones más intereses en concepto de compensación por los daños causados por la expropiación y US$ 3,5 millones más para cubrir los costos legales del demandante.

En 2008, el entonces gobierno de Cristina Kirchner envió un proyecto de ley al Congreso Nacional para declarar "de interés público" la empresa aérea. Fue aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras legislativas el 16 de diciembre de 2008.

La mandataria pagó una cifra simbólica de un peso por la expropiación. Días después, el Tribunal de Tasaciones de la Nación valoró los activos del grupo aéreo con un valor comercial negativo de 832 millones de dólares, muy por debajo de los 600 millones de dólares que Marsans pedía por la compañía.

Como las partes no se pusieron de acuerdo, la empresa española presentó una demanda ante el Ciadi y el juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014.