OPINIÓN | Cuando el Estado decide qué se puede decir y qué no

En el siempre movedizo terreno de las libertades individuales, la delgada línea entre la protección del bien común y el autoritarismo suele trazarse con buenas intenciones. El reciente proyecto impulsado por el Gobierno, que pretende castigar con hasta 12 años de prisión las llamadas “campañas de desinformación masiva”, se presenta bajo el escudo del civismo y la defensa de la verdad.

Sin embargo, no hace falta escarbar demasiado para advertir que, bajo la premisa de combatir la mentira, lo que realmente "podría construirse" es un andamio de censura previa y persecución punitiva que atenta contra el corazón mismo de la libertad de expresión.

Afrontémoslo: el fenómeno de las noticias falsas y la manipulación digital es un desafío real, complejo y dañino para la convivencia democrática. Las redes sociales y el ecosistema digital han acelerado la propagación de falsedades que pueden desestabilizar desde mercados financieros hasta emergencias sanitarias. Pero el remedio propuesto por el Poder Ejecutivo es, al menos en principio, desproporcionado, peligroso e ineficaz. Imponer una pena de prisión comparable a la de delitos graves como el homicidio simple o el tráfico de armas para penalizar un concepto tan ambiguo como la "desinformación" no busca educar ni sanar el debate público; busca infundir temor.

El talón de Aquiles de esta iniciativa radica en su inevitable subjetividad. ¿Quién decide qué es información y qué es desinformación? ¿Será un juez, un fiscal, o un organismo administrativo bajo la órbita del oficialismo de turno? Otorgarle al Estado el monopolio de la verdad es una contradicción biológica en cualquier democracia moderna. En la práctica, cualquier investigación periodística incómoda, cualquier denuncia sobre corrupción no probada del todo en etapas tempranas o cualquier opinión que desafíe el relato gubernamental podría ser tipificada arbitrariamente como una "campaña masiva de desinformación".

El efecto inmediato de una ley de esta naturaleza no sería un ecosistema informativo más limpio, sino un fenómeno bien conocido por los juristas: el congelamiento de la libertad de expresión (chilling effect). Cuando la consecuencia de publicar una información errónea o un análisis crítico puede ser una década tras las rejas, los periodistas, medios y ciudadanos optarán por la autocensura. El miedo a la cárcel acallará a la disidencia, y un país sin disidencia es un país donde el poder gobierna sin contrapesos.

Combatir la desinformación es una tarea urgente, pero no se logra mediante el Código Penal. Se combate con transparencia pública, con más y mejor periodismo, con educación digital y alfabetización mediática para que la ciudadanía desarrolle un pensamiento crítico.

Pretender erradicar el engaño encarcelando a quienes el poder considere "desinformadores" es un atajo peligroso hacia el autoritarismo.

Un Gobierno no debe actuar como el árbitro Supremo de la verdad; cuando el Estado decide qué se puede decir y qué no, la democracia deja de debatir para empezar a obedecer.