La interna entre los distintos bloques parlamentarios y la disputa entre las bancadas legislativas terminaron obstruyendo la posibilidad de que el viernes se realizara la sesión especial en la que se pretendía aprobar un régimen de presentación espontánea y regularización de deudas con el fisco fueguino.
El pedido de sesión había sido presentado por 7 legisladores (Damián Löffler y Pablo Villegas, MPF; Agustín Coto y Natalia Gracianía, LLA; Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen, SF, y Matías Lapadula, PG) el jueves pasado, luego de que los restantes 8 Legisladores (Myriam Martínez, Federico Greve y Federico Sciurano, FORJA; Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino y Tomás García, PJ; Laura Colazo, PV y Gisela Dos Santos de Sumemos Tolhuin) postergaran hasta el 19 de septiembre la realización de la 5ª sesión ordinaria.
La misma mayoría que había resuelto esa postergación, fue la que el viernes se opuso a ratificar la resolución de convocatoria a sesión especial, en la que se pretendía dar tratamiento al proyecto de regularización de deudas tributarias; al de creación de una tarifa diferencial de Electricidad y Agua a aplicable a Centros de Jubilados y Pensionados, Comedores, Merenderos y Entidades Religiosas de Ushuaia y Tolhuin, y 18 pedidos de informes. A favor de la ratificación votaron Lechman, Von der Thusen, Lapadula y Gracianía. Coto no estaba en su banca, en tanto que, según trascendió, a Löffler se le habría negado la posibilidad de votar por encontrarse al frente del Poder Ejecutivo.
Los argumentos puestos de manifiesto para explicar, o justificar, el por qué no se iba a sesionar no resultaron demasiado convincentes.
Más allá de las disputas de poder dentro del Parlamento, lo cierto es que los contribuyentes fueguinos tendrán que seguir aguardando para ver cuándo podrán acceder al régimen de regularización de deudas. Se podrá argumentar que esperar 20 días más no le cambia drásticamente la situación a nadie, claro que si se tiene en cuenta que el referido proyecto se presentó a fines de mayo, tomó estado parlamentario a mediados de junio, y recién el pasado jueves 21 de agosto se lo trató en comisión y se le dio dictamen, la espera alcanzará casi los 100 días.
Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia se lamentó la decisión de la Legislatura de postergar el tratamiento del Régimen Regularización de Deudas, y alertaron que el nuevo plazo fijado para su abordaje en sesión “podría resultar en la pérdida de empleos y el deterioro de nuestras empresas”.
“Los comerciantes estamos desorientados y preocupados, especialmente después de la reunión con la Comisión Nº2, donde los legisladores se comprometieron a aprobar esta ley. Su decisión de no sesionar hoy contradice ese compromiso y deja a los comercios en una situación aún más crítica”, señala el comunicado de la entidad.
La frustrada sesión especial del pasado viernes dejó planteado un interesante interrogante que, parece, deberá ser resuelto por la Justicia, ya que el legislador Löffler señaló que planteará una acción declarativa de certeza ante la Corte Provincial.
Aun cuando el artículo 131 de la Constitución determina que “el Gobernador y el Vicegobernador residirán en la ciudad capital, no podrán ausentarse de la Provincia por más de 10 días sin autorización de la Legislatura, y nunca simultáneamente”, desde la semana pasada se encuentra a cargo de la Gobernación el Vicepresidente 1° del Parlamento, el legislador Damián Löffler, y de la Presidencia del Poder Legislativo, la legisladora Myriam Martínez.
Producto de esta situación, por cierto no novedosa en la Provincia, el viernes se generó una controversia en torno a sí el Legislador que circunstancialmente queda a cargo del Poder Ejecutivo puede seguir ejerciendo plenamente las atribuciones parlamentarias. Es decir, participar de las sesiones sin restricción alguna (hacer uso de la palabra y votar), o si el hecho de ocupar transitoriamente el rol de titular del Ejecutivo le veda alguna de ellas.