Santa Cruz: Escándalo con pesqueras: denuncia penal por pedido de coimas de USD 15 millones

La pesca es uno de los grandes sectores productivos y exportadores de Argentina, pero a pesar de esa capacidad el escenario es complejo para Santa Cruz, Chubut y Mar del Plata, que pelean por el reparto de las cuotas de merluza.

Iberconsa -compañía con intereses en Puerto Deseado– denunció ante la Embajada de Estados Unidos el pedido de pagos de coimas por USD 15 millones para renovar por los próximos 15 años el Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), que vence el 31 de diciembre próximo.

Los cupos son cuotas de captura que corresponden a las empresas, lo determina la Ley Nº 24.922 que regula la actividad y, además, no son gratis. La pesca, más que los derechos de extracción, soporta una carga impositiva y fiscal que ronda el 45% del total facturado. 

El debate del régimen de cuotas se da en el Consejo Federal Pesquero, órgano federal que define el modelo pesquero nacional, integrado por un presidente, dos representantes del Poder Ejecutivo nacional, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y otro del Ministerio del Interior. Luego un consejero por provincia: Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se completa con una coordinadora institucional, un asistente de comunicación institucional, otro contable, administrativo y un asesor letrado. En total, el CFP está integrado por 14 representantes.

El recurso en cuestión se pesca de dos maneras: por arrastre, cuando se tira la red y por palangre, que es un espinel con miles de anzuelos. Y se ubica hasta los 20 kilómetros mar adentro a una profundidad de 2.500 a 3.000 metros. A 1.500 metros están los “juveniles” que no deben ser capturados, caso contrario es depredación.

Luego de la revelación periodística, la denuncia cayó como una bomba en el Consejo Federal Pesquero.

Las compañías que habrían recibido el pedido de esas “contribuciones” integran la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina. Se trata del sector concentrado de la pesca nacional, dominante en la cuota de merluza hubbsi, polaca y la totalidad de la merluza de cola. Además, encabezan las exportaciones argentinas. En 2023, las ventas del recurso fueron de 1.776 millones de dólares.

En el ámbito de la pesca esta denuncia no sorprendió. “Era un secreto a voces“. De todos modos aclaran: las siete empresas involucradas no son toda la pesca y los miles de empleados que viven de ella.

Tenencia
Iberconsa es la principal tenedora del CITC de la merluza, con más del 14% de la cuota, al borde del máximo del 15% de concentración que permite el régimen. En 2019, el fondo norteamericano Platinum Equity adquirió la mayoría de Iberconsa. Platinum Equity es conocido por la compra de empresas que enfrentan situaciones financieras complejas. Además, es la propietaria de Pesquera Santa Cruz, con asiento en Puerto Deseado. 

Denuncia penal
Mientras el escándalo avanzaba, el exintendente de Mar del Plata y actual presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense, Gustavo Pulti, fue el primero en interesarse oficialmente por los acontecimientos y realizó tres pedidos de acceso a la información pública relacionados con la asignación de cuotas pesqueras: al Consejo Federal Pesquero, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Embajada de Estados Unidos. También realizó un pedido de informes presentado en la Legislatura donde se dirige a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Economía de la Nación y a la Cancillería “para que comuniquen sobre las denuncias de corrupción realizadas por diferentes medios”. 

Pulti, además, también presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata: “En los términos del artículo 174 y 177 inc. 1. del CPP, formulo denuncia penal por la posible comisión de los delitos de cohecho (Art. 256 y 258 del Código Penal), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (Art. 265 del Código Penal) y 268 (exacciones ilegales)”.

La denuncia del diputado Gustavo Pulti
Como es de público conocimiento, en los últimos días, cuantiosas publicaciones periodísticas han dado cuenta de una serie de revelaciones que tienen como presuntos protagonistas a funcionarios y/o emisarios del Gobierno Nacional.

Puntualmente, las fuentes periodísticas han dado cuenta que, frente a la extensión del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), cuyo vencimiento opera el próximo 31-12-2024, se han producido reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector pesquero -entre los que se encontrarían representantes del sector productivo pesquero marplatense- en las que, impropiamente, las autoridades o emisarios del Gobierno Nacional habrían efectuado un puntual pedido de “coima” para garantizar la posibilidad de ingresar al reparto de la cuota.

Esos intercambios producidos entre los funcionarios/emisarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector pesquero culminaron, tal lo que surge de las constancias periodísticas, con una denuncia efectuada por la firma española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, ante la Embajada de Estados Unidos, aseverando allí que se le ha efectuado un pedido de dinero por parte de los emisarios del Gobierno Nacional, quienes habrían requerido la suma de 15.000.000 de dólares estadounidenses.

La gravedad que el hecho traduce, que conlleva la supuesta comisión de los delitos aquí denunciados por parte de agentes del Gobierno Nacional y que habrían llevado a las empresas extranjeras impropiamente requeridas a poner en conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos sobre la comisión de hechos de corrupción cuyas consecuencias se proyectan sobre recursos naturales estratégicos de la Nación, Provincias y Municipios litoraleños, imponen la necesidad de poner en marcha la inmediata acción punitiva estatal.

Las constancias periodísticas han revelado que también existieron reuniones llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y que el contador de una de las empresas más importantes de Mar del Plata habría recibido un WhatsApp anónimo en el que le solicitaron 125 dólares por tonelada de merluza, en un primer momento, y luego rebajaron a 100 dólares. Este respondió que no podía decidir sobre el particular sin consultar con el dueño de la empresa; para cuando tuvo algo que responder, los mensajes recibidos ya se habían borrado.

También se ha expuesto en medios periodísticos que “… las reuniones en el conocido Florida Garden de Buenos Aires se seguían sucediendo y que el pedido de coima terminó siendo de 100 dólares por tonelada de merluza hubbsi y 1.000 dólares por tonelada de merluza negra. Las que debieran pagar eran unas 12 empresas receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi, lo que daría la cifra de 12 millones de dólares que, sumados a los 3,3 millones de la merluza negra, proporcionarían esos 15 millones de dólares a los que alude el portal ‘Lapoliticaonline'”… Por supuesto de esto no hay nada escrito, no hay fotos y todos lo van a negar… y se agrega que “la cosa se puso fea y se puso fea porque algunos empresarios se negaron a pagar… Pero al parecer lo que pateó el hormiguero fue la negativa del Grupo Iberconsa, propiedad del fondo Platinum Equity, con origen en los Estados Unidos y, por lógica, con vinculaciones con la embajada de ese país, la que habría destapado el escándalo a través del mencionado portal…”.

El circuito de recaudación ilegal que funcionaría de forma paralela o “bajo la mesa” entre los funcionarios/emisarios del Gobierno Nacional violaría directamente el artículo 256 del Código Penal, incurriendo en la figura de cohecho.

(…) Es que el valor moral que protege la norma es la transparencia de los actos públicos, fundamental en el proceso de toma de decisiones en el ámbito estatal, indispensable para la concreción del resto de los intereses positivos y que también deben regir la actuación de los órganos públicos: legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia respecto de los intereses privados.

Esta estructura normativa, por tanto, pretende evitar el doble aprovechamiento de la actividad pública en beneficio privado: del particular, en la medida que obtiene una resolución que lo beneficia ilegítimamente, y del funcionario público que recibe una recompensa por ello.

No se albergaron dudas en cuanto a que el sistema de sobornos montado, con la exclusiva finalidad de “apretar” a los empresarios de la pesca, sometiéndolos a una opción de hierro: o aceptan “poner” el dinero para renovar o ingresar en el reparto de la cuota de pesca o pierden toda posibilidad de continuar con su actividad, con la consecuente pérdida y/o merma de la empresa, importa un perverso mecanismo “extorsivo” que, en tanto ejecutado por funcionarios públicos, podría encuadrarse en el artículo 265 del Código Penal. 

(…) La larga lista de hechos delictivos que habrían revelado las fuentes de información periodística también alcanza la posible comisión del delito de exacciones ilegales.

(…) Por su gravedad, estos hechos deben ser investigados, dado que, de corroborarse, importaría no sólo la comisión de los delitos supra referidos, sino además el de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La gravedad del hecho denunciado afecta de manera trascendente los intereses del sector pesquero, tanto local como nacional. No es antojadizo recordar que la pesca y sus derivados representan el sector productivo por excelencia de la ciudad de Mar del Plata, principal puerto pesquero del país y que genera más de 60.000 puestos de trabajo directos o indirectos.

En carácter de Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, no puedo dejar de requerir que la jurisdicción aborde en forma urgente la denuncia aquí efectuada y que, lamentablemente, vuelve a poner sobre el tapete el lastimoso problema que para la sociedad importa la corrupción en la Administración pública y que, en la especie, tiene que ver con las relaciones espurias entre determinados sectores de la política con sectores económicos de la pesca. Las relaciones impropias promovidas por los funcionarios del Gobierno Nacional muestran otra cara de la corrupción: la que es servil a los intereses políticos de turno, los mismos que buscan enriquecerse en detrimento de los intereses de la sociedad en general y del sector productivo pesquero en particular. Esta promiscuidad debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas.

Las pruebas
En su presentación a la Justicia, el diputado Gustavo Pulti incluyó los links de las notas periodísticas, sus constancias de pedido de acceso a la información pública (efectuadas a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, el Consejo Federal Pesquero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación). Además, pidió que libren oficios a la Embajada de los Estados Unidos para que informe sobre la denuncia efectuada por la firma española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity; a la Cancillería Argentina a efectos de que informe cuáles han sido las medidas adoptadas en el marco del proceso de renovación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura cuyo vencimiento opera el 31-12-2024; qué funcionarios han sido designados para intervenir y llevar adelante el proceso de renovación de las CITC en curso, si han tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma española Iberconsa; cuáles son las medidas que se han adoptado frente al estado público de la denuncia de corrupción, y, en su caso, si se ha dado intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente.

También solicitó que se recaben los testimonios y demás pruebas que entienda pudieran corresponder respecto a la totalidad de los funcionarios nombrados y/o indicados por los medios periodísticos. En su petitorio, pidió que se cite a indagatoria a toda otra persona que en el devenir de la presente investigación resulte implicada en los hechos denunciados.

 Ante la gravedad del asunto, el CFP frenó la renovación de la merluza hubbsi, la de mayor volumen, y avanzó con la cuota de la merluza negra y polaca. La merluza hubbsi quedó pendiente y será debatida en el encuentro del miércoles 18 de septiembre próximo.

En el sector pesquero admiten que la discusión por las cuotas de este recurso siempre fueron las más complicadas, pero que ahora existe un clima de tensión inédito a partir del escándalo.

Mientras el mar sigue revuelto, diferentes sectores se preguntan por qué Iberconsa aún no fue a la Justicia argentina a denunciar lo sucedido y sólo elevó el informe a la Embajada de Estados Unidos. En este escándalo únicamente avanzó de manera formal el diputado bonaerense Pulti.