La polémica entre el Gobierno provincial y la Fundación Valdocco comienza a transitar otro capítulo. El jueves pasado, la Fiscalía de Estado radicó una denuncia penal por “presunta defraudación” al erario público contra la fundación. Recayó sobre el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de Marcos Pérez Soruco.
En los fundamentos, el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, vuelve sobre la situación de los menores en Valdocco, actuaciones que la jueza de Familia archivó, marcando que no había menores en peligro. Castillo igual se pregunta sobre esos chicos de entre 6 y 11 años: “¿Qué hacen menores de edad en una provincia a más de 3.000 kilómetros de distancia de su lugar de origen? ¿Quién los separó de su familia? Y lo más importante, ¿cómo y por qué arribaron a Santa Cruz?”.
La denuncia del fiscal va en sintonía con lo que, en conferencia de prensa, el 13 de noviembre sostuvo la titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, quien señaló la cantidad de cargos que se pagan a favor de la fundación “y no tenemos claridad sobre de dónde son” esos docentes.
El fiscal pide a la Justicia investigar, entre otras cosas, la designación de seis jóvenes que cobran haberes y viven en la residencia. “En el establecimiento se encontrarían menores que por un lado se afirma que son vulnerables y por otro lado estarían cobrando un sueldo por prestar tareas en la fundación, cuyo pago se realiza desde las arcas del Estado”.
El CPE hizo un cruzamiento de datos con su par de Chaco y se detectó a 73 personas que cumplen funciones en ambas provincias. En Chaco prestarían servicio en la Unidad Educativa de Gestión Privada N° 144 “Padre Severiano“, en Comandancia Frías.
“Cabe destacar que se desconoce si estos sujetos residen en la provincia de Santa Cruz o en la provincia de Chaco, resultando imposible que presten tareas al mismo tiempo en establecimientos que se encuentran en polos opuestos del país”, afirma la denuncia judicial, que publicó el diario La Nación y confirmó La Opinión Zona Norte.
Si bien no hay cifras específicas, la puerta de la “defraudación” se abre, según entiende el Gobierno, en los acuerdos firmados con la gestión anterior. Es que no es el CPE el que paga directo a las personas, sino que la fundación manda un “listado de altas y bajas” y en base a eso se le deposita la nómina global de todos los sueldos a la fundación, quien a su vez abona a la gente. Y ahora, con el cruzamiento, aparece que prestan funciones en Santa Cruz y en Chaco.
El propio padre Molina reconoció esta situación en la conferencia de prensa, al admitir que él mismo cobra en ambas provincias. Dijo que lo que gana lo usa para costearse los pasajes en avión y comprar elementos para la institución y remarcó: “Esta casa y la de El Calafate están bajo el mismo esquema. De la planilla que se presentó, no dieron de baja a nadie“, defendió.
Ahora la pelota volvió a quedar del lado de la Justicia, quien deberá determinar si hubo perjuicio o no.
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