Imputaron al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, por lavado de dinero

Jorge D’Onofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, fue imputado por presunto lavado de dinero e irregularidades en la regulación del tránsito y la sanción de infracciones.

La causa del funcionario está a cargo del juez Adrián González Charvay del juzgado de Zárate-Campana, quien ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Jorge D'Onofrio. La investigación apunta a la existencia de posibles irregularidades en contratos adjudicados durante su gestión . 

Asimismo, otra causa contra Jorge D'Onofrio que se tramita en los tribunales de La Plata bajo tutela del fiscal Álvaro Garganta, señala al funcionario como parte de una red de gestores que ofrecían borrar infracciones a cambio de un porcentaje del monto adeudado, lo que se traduce directamente como coimas.

De acuerdo a la investigación, las concesionarias fueron beneficiadas por las resoluciones oficiales que lanzó el Ministerio de Transporte, lo cual provocó sospechas por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según indican en las denuncias, la operación del ministro habría generado una gran pérdida de ingresos al sistema público, mientras que las personas involucradas recibieron beneficios económicos.

Además del funcionario bonaerense, también están involucradas en la misma causa las hermanas concejales peronistas Pilar Claudia y Roxana Pombo. Se investigará la relación entre ellas y el funcionario.

Asimismo, se solicitó las declaraciones juradas patrimoniales del ministro, informes de su salario, que se investigue a su círculo íntimo, y que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero para conocer los movimientos de dinero.

Qué dice la denuncia
La denuncia realizada por Secutrans, empresa encargada del sistema de fotomultas, derivó en la imputación del ministro, al asegurar que las prácticas fraudulentas derivadas de un supuesto esquema de manipulación de multas generaron una caída en la recaudación del sistema, con pérdidas estimadas entre 4 y 10 millones de dólares mensuales.

Según señalan, el empresario Sebastián Desio, estrechamente vinculado al ministro, obtuvo contratos para proveer servicios tecnológicos a las concesionarias, lo que le permitió cobrar un porcentaje adicional (8,5% más IVA) sobre las tarifas de cada inspección.