



Mientras en el Congreso avanzan las discusiones por los proyectos en sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional ya tiene en carpeta una serie de iniciativas para presentar en el nuevo período legislativo. Entre ellas, se destaca la modificación del Código Penal con el objetivo de aumentar las penas y garantizar que la cadena perpetua sea, efectivamente, de por vida.


Según informaron fuentes oficiales que cita Infobae, el proyecto de reforma del Código Penal ya está terminado y se espera que el presidente Javier Milei lo anuncie oficialmente el 1° de marzo, cuando inaugure el año legislativo. El acto será transmitido en cadena nacional.
De acuerdo a lo informado, detrás de esta reforma está el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, junto a un equipo de especialistas encabezados por el abogado Jorge Buompadre. También participan el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y un grupo de jueces y juristas, entre ellos, Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti y Ricardo Ángel Basílico.
Uno de los cambios clave que se busca implementar es la eliminación del beneficio de libertad condicional para quienes cumplen condenas a cadena perpetua. Actualmente, el Código Penal permite que un condenado a prisión perpetua pueda solicitar la libertad tras 35 años, siempre que un informe pericial avale su reinserción social.
La intención del Gobierno es que quienes reciban esta sentencia permanezcan en la cárcel por el resto de su vida, sin posibilidad de reducción. También se prevé un endurecimiento en las penas para delitos graves, como homicidios agravados y abusos sexuales. En este último caso, se analiza elevar la condena mínima, que hoy va de seis a quince años, a un rango superior.
Desde la administración nacional sostienen que el aumento de penas no solo funciona como un método punitivo, sino que también actúa como un factor de disuasión del delito. De hecho, Javier Milei ha manifestado en varias ocasiones su postura de implementar una doctrina de seguridad más rígida, basada en el concepto de que “el que las hace, las paga”.
“Si un criminal no le tiene miedo a la pena porque sabe que si lo agarran, que ya no es en todos los casos que ocurre, entra a una comisaría y al día siguiente sale, no tiene sentido que exista, porque esa persona va a seguir delinquiendo”, afirmaron las fuentes consultadas.
En paralelo a esta reforma, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanza con un proyecto para la construcción de cárceles de gestión privada. La iniciativa busca aliviar la sobrepoblación en los penales estatales y mejorar las condiciones de detención.















