El Gobierno provincial, a través del Ministro de Economía Andrés Meiszner y el Secretario de Trabajo Nicolás Gastón Zárate, con el patrocinio del Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, presentó una denuncia penal contra el ahora ex Gerente General de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Néstor Andrés Feu. La acusación se basa en audios recientemente difundidos en LU20, donde presuntamente se lo escucha negociando retornos económicos con un proveedor.
Según consta en la denuncia, la conducta denunciada podría encuadrarse en los “delitos de cohecho y fraude contra la administración pública, tipificados en los artículos 256 y 174 inciso 5 en función del 172 del Código Penal”. Además, se señala que los hechos denunciados comprometen la seguridad pública y la confianza de la sociedad en las instituciones provinciales.
Para la Fiscalía de Estado, esta conducta encuadraría en maniobras ilícitas que violan el Código Penal, comprometiendo el correcto funcionamiento de la administración pública.
Los hechos denunciados
La presentación judicial destaca que Feu, en su rol de Gerente General de la Cooperativa de Rawson, habría solicitado retornos económicos indebidos, aprovechándose de su cargo. Según la denuncia, esta maniobra tenía como finalidad procurarse un beneficio personal en perjuicio de los fondos de la cooperativa y, por ende, de sus asociados y de la administración pública provincial.
El documento también subraya que este accionar vulnera principios fundamentales de transparencia y ética pública, afectando la confianza de la ciudadanía en el manejo de los recursos de la cooperativa. En este sentido, los denunciantes sostienen que la justicia provincial es competente para investigar y determinar las responsabilidades penales del funcionario.
Investigación en marcha
El Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, remarcó que la denuncia se enmarca dentro de las facultades otorgadas por la Constitución de la Provincia del Chubut y la Ley V-96, que habilitan su intervención en causas que comprometen los intereses de la provincia.
El artículo 256 del Código Penal establece penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para los funcionarios públicos que reciban dinero o dádivas a cambio de favores. Por su parte, el artículo 174, inciso 5, reprime con hasta seis años de prisión a quienes defrauden a la administración pública mediante engaños o maniobras fraudulentas.
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