En casi un año y medio de gestión, el Gobierno de Javier Milei avanzó con un fuerte recorte en el empleo público, eliminando cerca de 48.000 puestos en el Estado nacional. Esta cifra representa una reducción del 9,6% del total de trabajadores, según un informe oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El ajuste en el empleo público abarcó tanto a la Administración Pública Nacional como a las empresas estatales. La administración central perdió más de 28.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2023, mientras que las compañías estatales recortaron un 16,4% de su personal. En todos los casos, la medida se justificó como parte de un plan de racionalización y ahorro del gasto público.
Según estimaciones del Gobierno, la reducción de empleo público implicó un ahorro anual de casi 1.900 millones de dólares. Este cálculo no solo contempla los salarios, sino también los costos indirectos asociados a cada trabajador, como insumos, oficinas, equipamiento y servicios operativos.
Como parte de esta reestructuración, el Ejecutivo también implementó un sistema de evaluación para quienes aspiran a mantener o ingresar a un cargo estatal. A partir del 1 de julio de 2025, solo podrán continuar en funciones los empleados públicos que aprueben un examen de conocimientos y competencias. Aquellos que no logren superar la evaluación serán desvinculados de manera definitiva.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 48/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial. El examen se suma a una serie de requisitos orientados a profesionalizar el empleo público y limitar las contrataciones que no respondan a criterios técnicos.
El futuro del empleo público se plantea ahora bajo nuevas reglas. “Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24?, detalla el artículo 1° del documento oficial.
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