Tras el golpe del Senado, el Gobierno pasó a disponibilidad a más de 300 empleados del INTA, INASE e INV

El Senado volvió a darle un fuerte revés al Gobierno y rechazó el Decreto 462/2025, que había generado polémica por la reforma en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la reestructuración de varios organismos públicos. La medida, publicada en el Boletín Oficial a principios de julio, disponía cambios profundos en instituciones claves, aunque ahora quedó sin efecto por decisión del Congreso. En paralelo, el Ejecutivo avanzó con la disponibilidad de 367 trabajadores, lo que abrió un nuevo frente de conflicto.

La resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó pasar a disponibilidad al personal de planta permanente de distintos organismos, bajo el argumento de la transformación del INTA, la disolución del Instituto Nacional de Semillas y la reorganización del Instituto Nacional de Vitivinicultura. La publicación oficial también limitó licencias y comisiones de servicio, lo que fue interpretado por especialistas como una señal de que el Gobierno mantiene su ofensiva pese al freno parlamentario.

“Establécese que el personal de planta permanente con estabilidad adquirida, que se detalla en los anexos que integran esta medida, queda en situación de disponibilidad a partir del dictado de la presente, por el plazo que en cada caso se indica como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía; de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y de la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa en el ámbito de la citada Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de este ministerio”, detalla la Resolución 1240/2025.

La medida despertó críticas inmediatas. Constitucionalistas advirtieron que el texto carece de validez porque el decreto que la sustentaba ya fue rechazado en el Senado. Por su parte, legisladores de la oposición señalaron que el Ejecutivo pasó por alto la voluntad del Congreso y cuestionaron tanto la legalidad como el impacto humano de los despidos.

En este marco, la diputada Julia Strada cuestionó: "Lo que hizo recién Luis Caputo es ilegal. Después de que en el Senado haya rechazado las disoluciones de los organismos públicos pasaron a disponibilidad a sus trabajadores. Caputo acaba de firmar un decreto que se publicó en Boletín Oficial y pasa a disponibilidad a más de 300 trabajadores de INTA, Instituto Vitivinícola e Instituto Nacional de la Semilla".

Para muchos, el debilitamiento del INTA representa un golpe directo a la ciencia aplicada al campo y a las economías regionales, especialmente en un momento donde la innovación resulta clave para sostener la producción. A esto se suma el caso del Instituto Nacional de Semillas y el Instituto de Vitivinicultura, con fuerte presencia en provincias productoras, donde el malestar se hizo sentir de inmediato.