Neuquén: Estafa con planes sociales: para la fiscalía quedó probado que existió una asociación ilícita

En el tramo final del juicio por estafas con dinero de planes sociales, la fiscalía alego que durante los 40 días de audiencias se logró probar la “existencia de una asociación ilícita” que defraudó a la administración pública. Pidió que 12 de los 14 imputados que fueron enjuiciados sean declarados culpables por más de 9 mil hechos de estafas por un monto actualizado de 1.162 millones de pesos.

Este jueves fue el turno del alegato de la fiscalía y estuvo a cargo del fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez. Este último fue quien detalló cómo los hechos presentados en la apertura del juicio se fueron comprobando a lo largo del debate.

Narváez señaló que en el juicio se acreditó que entre el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén, junto con particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal. Esta organización se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar), mediante roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes. Según explicó el fiscal, se cometieron un total de 9.303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para ser destinadas a planes sociales generadas por situaciones de desempleo.

Los cobros se realizaron mediante el uso de tarjetas de débito ajenas, que se otorgaban a beneficiarios de planes sociales del programa específico. En algunos casos, estas personas prestaban colaboración, pero en otros ni siquiera estaban al tanto de que figuraban como receptoras del beneficio. En el alegato, Narváez y Vignaroli recordaron que la maniobra comenzaba con el reclutamiento de los beneficiarios, a quienes luego se les retenía la tarjeta de débito. Estas personas se quedaban con una fracción del subsidio, que en algunos casos rondaba los 49 mil pesos, y el resto se destinaba, afirmó el fiscal jefe Vignaroli, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino. Ambos representantes del Ministerio Público explicaron que para ejecutar esta distribución, también intervenía la asociación ilícita, encargada de sostener el andamiaje administrativo, gestionar los pagos y rendir los fondos. “Mes a mes estaba todo coordinado y cada uno cumplía su rol”, afirmó Narváez.

Cómo era la pirámide
El equipo de la fiscalía de Delitos Económicos presentó al tribunal una estructura delictiva con jerarquías y funciones, de tipo piramidal, con el primer nivel a cargo de los jefes. Allí ubicó a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; a Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; a Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social, y a Tomás Siengenthaler, el excoordinador de Administración de esa cartera.

La investigación determinó, además, otros cuatro niveles de participación. Tras el retiro de la acusación, el pedido de absolución y la suspensión del juicio respecto de uno de los imputados, la estructura quedó conformada del siguiente modo: como colaboradores, Luis Gallo y Julieta Oviedo; en el rol de reclutadora, Isabel Montoya; como recaudadores, Valeria Honorio y Emmanuel Contreras; mientras que Alfredo Cury y Fernando Cardozo Regidor fueron ubicados como beneficiarios.

Acusaciones
Durante la audiencia de este jueves, la fiscalía excluyó a dos de los imputados en el pedido de responsabilidad. Se trata de Ariel Krom y Laura Reznik, a partir de dos aspectos que se comprobaron en el juicio: respecto del primero, se indicó que no estaba en condiciones de comprender la ilegalidad de los actos; y de la segunda, que no se logró acreditar su participación, por lo que ambos serán absueltos. La resolución de la situación de un tercer imputado, Julio Arteaga, se suspendió por tres meses debido a cuestiones de salud.

Luego, la intervención comenzó con el relato del fiscal Narváez, quien apuntó: “Con todas estas consideraciones de hecho y derecho, insistimos en que se acreditó la existencia de esta estructura piramidal, de esta asociación ilícita, y todas a las personas han formado parte de esta estructura ilegítima, con fines sumamente ilícitos”. También sostuvo que “se acreditó también el fraude a la administración pública, a las arcas de la provincia de Neuquén” y la forma en que se concretó la maniobra, “con la utilización de tarjetas de débito de los beneficiarios”.

“Quedó acreditado a dónde iban los fondos: a las manos de Sanz y Osuna, que lo guardaban en la caja azul para Soiza, y que este armaba los sobres para los referentes políticos”, describió Narváez.

Por su parte, Vignaroli centró su intervención en rebatir los argumentos que esgrimirán las distintas defensas, con el objetivo de sostener el pedido de declaración de responsabilidad penal en relación a los delitos atribuidos a cada acusado.

“Las jerarquías de la asociación ilícita no respondían a las jerarquías administrativas”, precisó Vignaroli. Explicó que durante el proceso, las defensas plantearon otras participaciones y otros imputados, pero que en ningún momento se presentaron pruebas al respecto. También confirmó que hay otras investigaciones en curso, pero que en este caso lo que estaba bajo investigación eran las defraudaciones con el subsidio de desempleo.

Finalmente, los fiscales pidieron al tribunal que declare la responsabilidad penal de todos los imputados por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores. El planteo incluyó la distinción de que Di Luca, Soiza, Sanz, Osuna y Siengentharler participaron como jefes de esa asociación, por lo que en su caso la responsabilidad atribuida es mayor.

El próximo martes será el día de alegatos de las defensas.

El tribunal que dirige el juicio está integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, mientras que además de Vignaroli y Narváez, el equipo de la fiscalía se completa con las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid.

Condenas previas
El caso tiene otras personas involucradas que resolvieron su situación procesal antes del inicio del juicio mediante acuerdos impulsados por la fiscalía, por participaciones de menor relevancia. Son nueve imputados que aceptaron haber integrado la asociación ilícita y haber realizado tareas complementarias, como extraer dinero de cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a quienes tenían mayor jerarquía en la organización: Gustavo Roberto Mercado, Aarón Escobar, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño, Pamela Alejandra Cea. Rodolfo López, Adrián Meza Lizama y Omar Ulises Rodríguez Quezada. Todos fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso.