Luego de más de 20 horas de debate, el Gobierno logró la aprobación en general de la Ley Bases y el paquete de reforma fiscal. Esta última iniciativa incluye, la privatización de YCRT, cambios en el monotributo, reforma laboral, moratorias, blanqueo de capitales, restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y rebaja en Bienes Personales. En el link al pie de la nota, la votación de cada uno de los diputados.
La media sanción fue acompañada por 142 legisladores, entre ellos dos de Santa Cruz: la radical Roxana Reyes y el diputado del SER, José Luis Garrido, en tanto que el proyecto fue rechazado por 106 votos entre ellos los diputados de Unión por la Patria, Ana Ianni y Gustavo González, en tanto que el exgobernador Sergio Acevedo, quien llegó a esa banca en reemplazo del gobernador Claudio Vidal, estuvo ausente en la votación.
Con el voto positivo de 138 diputados, la Cámara Baja aprobó el capítulo de la Ley Bases que habilita la posible privatización de una serie de empresas que tienen participación del Estado. Según el texto definitivo, y aunque restaría aún el aval del Senado, las empresas que podrían ser privatizadas son las siguientes: Aerolíneas Argentinas; AYSA; Energía Argentina; Radio y Televisión Argentina; Intercargo; Correo Argentino; Belgrano Cargas; y Ferrocarriles Argentinos.
En tanto que Nucleoléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio podrían ser parcialmente vendidas al sector privado, aunque con mayoría estatal.
El diputado Sergio Acevedo hizo una aclaración antes de la votación: «Votaré afirmativamente en virtud de la redacción del Articulo 9 porque hubo un especial pedido en aras de preservar el trabajo, paz social, que hubo de parte de los gremios . Se han comunicado con los diputados de Santa Cruz para pedirnos que tengamos un voto afirmativo para preservar fuentes de trabajo, paz social y seguir aportando ala riqueza de la República Argentina».
Esta versión de la Ley Bases, más acotada que la que se presentó en diciembre pasado -la cual naufragó por falta de consenso- preserva las principales herramientas que demanda el Gobierno para esta etapa de su gestión. Incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos.
Nota:https://winfo.ar/
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