Milei bajó 78% los fondos para el combate de los incendios

En medio del drama en la zona de Epuyén y El Hoyo y complicaciones en otras zonas como El Chaltén, organizaciones ambientalistas denunciaron que el gobierno de Javier Milei volvió a recortar los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para 2026, y además que viene subejecutando las partidas.

«De acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025», denunciaron 18 organizaciones.

Los ambientalistas agregaron que durante 2024, el Gobierno nacional ejecutó apenas el 22 % del presupuesto asignado al SNMF, pese a que fue el año con mayor cantidad de incendios desde 2016.

«En 2025, la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas», agrega el comunicado firmado por organizaciones como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Observatorio Petrolero Sur, Abogados Ambientalistas y Greenpeace, entre otras.

Además, las organizaciones revelaron que las metas físicas del SNMF tendrán una marcada reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas. «Mientras que en 2023 estaban programadas 5.100 horas -aunque solo se concretaron 3.058-, para 2026 se proyectan 3.100», alertaron.

«A esta disminución se le suma la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026», completaron.

Como si fuera poco, el mes pasado Manuel Adorni anunció que el gobierno de Milei va a derogar la Ley de Manejo del Fuego aprobada en 2020, que establece una prohibición de 30 a 60 años para la modificación del uso de tierras afectadas por incendios forestales. Con esto se buscaba evitar la explotación inmobiliaria o productiva de tierras arrasadas por el fuego, ante la sospecha de incendios intencionales.