Juicio por estafa con viviendas del IPV: Pidieron 4 años de cárcel para Carlos Córdoba y Miguel Arana

El juicio oral y público por la presunta estafa con viviendas del IPV que tiene en el banquillo a la conducción de ATE Ushuaia ingresó en su etapa final este martes, con los alegatos del Ministerio Público Fiscal y un pedido de condena de 4 años de prisión para el secretario general del gremio, Carlos Córdoba, y para Miguel Arana.

El fiscal Daniel Curtale consideró acreditados 22 hechos de estafa vinculados a la comercialización irregular de viviendas correspondientes al plan “128 Viviendas” del barrio Barrancas del Río Pipo, una operatoria que —según la acusación— consistía en ofrecer lugares en los listados de adjudicación a cambio de dinero, cheques, vehículos y otros bienes.

La causa investiga maniobras ocurridas antes de 2018, cuando distintos damnificados denunciaron haber entregado importantes sumas de dinero con la expectativa de acceder a una vivienda social gestionada a través del gremio estatal y del Instituto Provincial de Vivienda. La investigación judicial sostiene que las adjudicaciones eran ofrecidas incluso a personas que no estaban afiliadas a ATE.

Durante el debate oral, uno de los momentos más tensos se produjo cuando Arana declaró ante el Tribunal y apuntó directamente contra Córdoba, asegurando que actuaba bajo sus órdenes y que parte del dinero recaudado era entregado en el domicilio del dirigente sindical. Incluso afirmó haber trasladado fajos de dinero correspondientes a entre siete y nueve viviendas.

A lo largo del juicio también declararon varios damnificados que relataron cómo entregaron ahorros, vehículos o dinero en efectivo para ingresar a los listados habitacionales. Uno de ellos aseguró haber vendido un terreno para pagar una vivienda que nunca recibió y sostuvo que tanto Arana como otros integrantes del gremio le indicaban que el dinero “era para Córdoba”.

Según la hipótesis fiscal, la maniobra habría generado una recaudación superior a los 8 millones de pesos y unos 52 mil dólares, cifras millonarias para la época en que ocurrieron los hechos.

En paralelo, Curtale solicitó la absolución por el beneficio de la duda para Eric Moscoso Panozo, quien estaba acusado de lavado de activos por presuntas operaciones vinculadas a la compra de maquinaria vial con fondos provenientes de las maniobras investigadas.

Tras el alegato de la Fiscalía será el turno de las defensas. Luego, el Tribunal de Juicio deberá resolver si condena o no a los imputados. En caso de aplicarse penas de cumplimiento efectivo, no se descarta que la Justicia ordene la detención inmediata de Córdoba y Arana.

El caso se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de los últimos años en Tierra del Fuego, tanto por el rol de los acusados dentro de ATE como por el impacto social de una causa vinculada al acceso a la vivienda en Ushuaia.