El Gobierno provincial defendió la validez del decreto de reforma: "No hay razones para frenar el proceso electoral"

El secretario Legal de la Provincia, Emiliano Fossatto, ratificó en declaraciones a FM del Pueblo, que la convocatoria dictada por el Ejecutivo se ajusta a derecho. Aseguró que una queja ante la Corte Suprema no tiene el alcance de suspender el calendario de cara a los comicios de constituyentes.

En medio de la creciente tensión política y judicial en Tierra del Fuego, el secretario Legal del Gobierno provincial, Emiliano Fossatto, defendió enérgicamente la vigencia del Decreto Nº 751/26 que convoca a la elección de convencionales constituyentes. El funcionario remarcó que el acto administrativo dictado por el Ejecutivo es plenamente válido y advirtió que no existen fundamentos jurídicos consistentes para paralizar el cronograma electoral que ya está en marcha.

Fossatto se refirió en detalle al revés judicial de primera instancia provocado por el fallo del Juzgado Electoral Provincial, el cual hizo lugar a los planteos de la oposición y declaró la nulidad de la convocatoria para el próximo 9 de agosto. Al respecto, el secretario Legal alineó su postura con los argumentos de la apelación presentada por la provincia, apuntando a que se está vulnerando el orden jerárquico de la justicia local.

El impacto de un recurso que "no suspende los plazos"

Para el Ejecutivo fueguino, el nudo de la controversia radica en una interpretación errónea de las herramientas procesales por parte de la justicia de primera instancia. Fossatto explicó que la jueza electoral fundamentó la suspensión del proceso basándose en una queja planteada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, aclaró que la normativa es tajante al respecto.

“La provincia sostiene con absoluta firmeza que el decreto es válido. La legislación establece con claridad que la sola interposición de un recurso de queja ante el máximo tribunal del país no detiene el curso de un proceso institucional ni suspende los plazos en vigencia”, enfatizó el funcionario.

Asimismo, recordó que antes de la emisión del decreto no existía ninguna orden de restricción o medida cautelar activa emitida por la Corte Suprema o el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que obstaculizara el llamado a las urnas.

Respeto a las sentencias del máximo tribunal provincial

El secretario Legal puso especial énfasis en que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego ya se había pronunciado sobre el fondo de la cuestión, convalidando la Ley Provincial Nº 1529 —la cual declara la necesidad de la reforma constitucional— y levantando las medidas cautelares previas.

Fossatto advirtió que permitir que un juzgado inferior desestime de forma práctica lo resuelto por el STJ sienta un peligroso precedente institucional. Según detalló, las decisiones del máximo tribunal provincial no solo son obligatorias como jurisprudencia para el resto de los magistrados, sino que además el posterior rechazo del Recurso Extraordinario Federal le otorgó la firmeza jurídica necesaria para dar continuidad a la convocatoria.

Un proceso consolidado y en curso

Hacia el final, desde el área legal del Gobierno remarcaron que el proceso de reforma constitucional ya se encuentra consolidado a través de acciones coordinadas de los diferentes poderes del Estado y que los plazos originales para la impugnación del decreto habían precluido largamente.

Con la apelación formalizada ante la Cámara, el Ejecutivo provincial espera una resolución con carácter urgente para disipar el escenario de incertidumbre y reanudar de inmediato los preparativos logísticos y técnicos que garanticen el derecho al voto de la ciudadanía fueguina el próximo 9 de agosto.