OPINIÓN | Trata de personas: cuando el Estado llega tarde y los discursos sobran

Cada 30 de julio vuelve el calendario a marcar el Día Mundial contra la Trata de Personas, y la tentación institucional suele ser la de siempre: llenar las redes de placas conmemorativas, repartir discursos solemnes y pasar la página hasta el año que viene. Pero si miramos los datos fríos de Argentina, la realidad golpea sin anestesia: la trata no es un expediente cerrado ni una bandera de ocasión; es una herida abierta en pleno cuerpo social y una deuda democrática que no admite más dilaciones.

No hablamos de sensacionalismo ni de mitos abstractos; los números oficiales dicen exactamente dónde estamos parados. Desde la sanción de la Ley 26.364 en 2008 hasta la actualidad, el Estado ha rescatado y asistido a más de 22.800 víctimas en todo el país. A su vez, la Línea 145 —esa herramienta clave, gratuita y anónima para denunciar la captación y la explotación— acumula más de 29.200 llamados e intervenciones desde 2012 hasta hoy. Solo en el último período anual, se registraron más de 2.000 denuncias y asistencias a más de 800 personas, con una abrumadora mayoría de adultos golpeados por la vulnerabilidad y decenas de menores atrapados en redes de explotación.

Detrás de cada una de esas cifras no hay un casillero estadístico: hay historias truncadas, familias rotas y redes criminales que operan con la precisión de una empresa delictiva. Y acá es donde el análisis se pone incómodo. La trata en la Argentina mutó. Ya no se reduce únicamente al prostíbulo clandestino de pueblo o al taller textil hacinado en un subsuelo, aunque ambos sigan existiendo. Hoy el delito viaja por fibra óptica: la captura se disfraza de oferta laboral engañosa en redes sociales, de modelaje virtual o de supuestas oportunidades de progreso económico destinadas a pibes y pibas golpeados por la pobreza.

La deuda pendiente es estructural y tiene varias caras:

• Financiamiento y gestión real: Un protocolo sin presupuesto es solo literatura fantástica. Reducir o precarizar los programas de asistencia y acompañamiento a las víctimas después del rescate es dejarlas en la intemperie, a un paso de volver a caer en la misma trampa por desesperación. El rescate es el minuto uno; la verdadera reconstrucción de vida empieza después.

• Justicia sin parches: Aunque se han logrado sentencias condenatorias en el fuero federal, los tiempos judiciales siguen siendo un laberinto. Las redes de trata se alimentan de la complicidad local, la mirada distraída de ciertas fuerzas territoriales y la lentitud burocrática. Sin desarticular las cajas negras del dinero que mueve este negocio, la persecución penal llega siempre tarde.

• Prevención territorial: La trata prospera donde el Estado se retira. La vulnerabilidad económica es el terreno fértil para el engaño. Si no hay presencia concreta en los barrios y en las fronteras, la prevención termina siendo un mero eslogan publicitario.

Llegar a otro 30 de julio no debería ser para felicitarnos por los operativos que salieron bien, sino para dimensionar todo lo que falta. La trata de personas subsiste porque genera ganancias siderales a costa del sometimiento ajeno. Romper esa lógica exige un compromiso político sin doble discurso, presupuesto garantizado para las áreas de rescate y una sociedad que active la alarma ante la menor sospecha.

Mientras exista una sola persona explotada en el país, el Estado y la comunidad seguirán en mora.