Adjudican una obra clave en el Puerto de Ushuaia con un sobreprecio cercano al 20%

Una nueva medida administrativa volvió a encender las alarmas en torno a la gestión de la infraestructura portuaria de Tierra del Fuego. 

La Administración General de Puertos (AGP) recomendó adjudicar la obra de recambio de las 75 defensas del muelle comercial del Puerto de Ushuaia por un monto que excede en casi un 20% los valores previstos en los pliegos oficiales.

La decisión de la Comisión de Preadjudicación beneficia a la empresa Concret Nor S.A. con un contrato bimonetario que contempla USD 2.573.156,25 más $1.342.350.194,42. De acuerdo con los dictámenes técnicos del proceso licitatorio, la oferta de la firma seleccionada resultó ser un 18,08% superior al presupuesto oficial. Pese al desfasaje económico, el organismo fundamentó la elección señalando que fue la única propuesta considerada "válida y conveniente", tras desestimar las otras cuatro comparsas presentadas. 

La resolución se da en un contexto de alta tensión institucional entre la administración provincial y los organismos nacionales a cargo del recinto marítimo. Desde enero de este año, el Puerto de Ushuaia permanece bajo la órbita de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y la AGP.

Uno de los puntos que genera mayor malestar en el ámbito local es la opacidad de la información pública. En la comunicación oficial difundida por la ANPYN sobre el avance de la obra, el organismo omitió dar a conocer la identidad de la empresa seleccionada y evitó consignar el porcentaje de incremento aceptado respecto de las cifras del pliego original, datos que únicamente salieron a la luz tras la revisión de las actas de preadjudicación administrativa.

Conflicto de fondo: Sectores locales y la Dirección Provincial de Puertos (DPP) remarcan que los fondos utilizados para estas contrataciones provienen directamente de la recaudación tarifaria generada por la operatoria portuaria de Tierra del Fuego, cuyos recursos pertenecen a la provincia.

Antecedentes en la mira

El sobrecosto detectado en la obra de las defensas portuarias no es un hecho aislado. En las últimas semanas, trabajadores del sector e integrantes de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) han presentado objeciones e impugnaciones administrativas contra la intervención federal por otras licitaciones millonarias —como los servicios de mantenimiento y limpieza—, donde se denunciaron saltos presupuestarios desproporcionados frente a las contrataciones previas a la intervención.

Mientras el muelle comercial requiere de la modernización de sus defensas para garantizar la seguridad operativa y de atraque de las embarcaciones de carga y cruceros, la aprobación de contratos con sobreprecios millonarios reabre el debate sobre el control, la austeridad y el destino final de los recursos de la terminal marítima fueguina.