Desde el Ejecutivo municipal se enfatizó que el pronunciamiento de la Justicia Federal ratifica la legitimidad del reclamo territorial y la competencia indiscutible de las instituciones locales sobre la protección de la plataforma continental.
Perez remarcó que la participación activa del Municipio no solo representa un compromiso ético e histórico con la causa Malvinas, sino también una responsabilidad legal en defensa de los recursos económicos y ambientales de toda la comunidad fueguina. La intervención como querellante o parte interesada permite al gobierno local aportar pruebas, impulsar medidas cautelares y exigir el cumplimiento estricto de las leyes nacionales que sancionan la exploración y explotación ilegítima de hidrocarburos.
El proyecto "Sea Lion", impulsado por firmas ilegítimas sin el aval del Estado argentino, representa una amenaza directa tanto para la integridad territorial como para los frágiles ecosistemas marinos de la región.
Frente a este panorama, el jefe comunal reafirmó que la ciudad de Río Grande, reconocida como la Capital Internacional de la Soberanía, continuará agotando todas las instancias judiciales, diplomáticas y administrativas disponibles para evitar el saqueo de los recursos naturales y garantizar que se respete la legislación vigente frente a cualquier emprendimiento unilateral en el Atlántico Sur.
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