OPINIÓN | La caja del juego en la Isla: ¿el IPRA, un ente regulador o un cobrador de cánones?

Opinion02/10/2026 Por Dihcar Labina
Por un debate urgente sobre la regulación del juego y el rol de las autoridades locales

Si uno camina por Ushuaia o Río Grande, conversa con docentes de secundaria o se sienta a la mesa familiar, hay una realidad que salta a la vista: las apuestas online dejaron de ser un entretenimiento de nicho para transformarse en un problema cotidiano. Con solo dos toques en la pantalla del celular, cualquier pibe o piba tiene acceso a una ruleta o a un casino virtual. La ludopatía dejó de ser ese vicio oscuro de trasnoche para convertirse en una tentación al alcance de un clic, las 24 horas del día.

Frente a esta bomba de tiempo, en la Provincia de Buenos Aires se encendieron las alarmas. Legisladores bonaerenses impulsaron un ambicioso proyecto de ley que propone reglas del juego bastante bravas para las plataformas: validación facial obligatoria en cada ingreso, límites de tiempo de sesión, prohibición total de la publicidad en la vía pública y destinada a menores, y la creación de una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales para perseguir los sitios clandestinos.

Ante este espejo, la pregunta para Tierra del Fuego surge sola: ¿qué estamos esperando para dar esta discusión acá?

El IPRA en la encrucijada: de la pasividad al control real

Para entender la dimensión del problema en la isla hay que mirar de cerca la estructura del juego local. El Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) fue concebido con la misión teórica de regular, fiscalizar y controlar todo el azar en el territorio, garantizando que los fondos vuelvan a la sociedad en obras o bienestar público.

Sin embargo, en la práctica cotidiana, el IPRA ha mostrado una injerencia alarmantemente baja en el control de la actividad. Y esto no ocurre únicamente con la maraña inasible de las apuestas online, donde las plataformas operan a menudo en zonas grises; la falta de peso fiscalizador es un rasgo estructural que salta a la vista incluso en el ámbito tradicional.

En Tierra del Fuego, el negocio de las salas y casinos físicos no conoce la competencia: está monopolizado y responde a un único titular. Ante un mercado cautivo sin alternativas ni pujas comerciales, el órgano regulador termina actuando más como un mero espectador formal o un cobrador de cánones que como un verdadero árbitro estatal. Si el IPRA no logra ejercer un control riguroso sobre un esquema físico acotado y concentrado en pocas manos, menos aún puede hacerle frente a la marea digital que invade las pantallas de los más jóvenes.

Lo que la Legislatura debiera copiar (o al menos discutir)

Adoptar un enfoque proactivo no implicaría inventar la rueda, sino adaptar a nuestra realidad iniciativas que ya avanzan en otros distritos:

  • Biometría y fronteras digitales: Exigir controles biométricos severos (como reconocimiento facial) en cada inicio de sesión de las apps para evitar que los menores jueguen usando las cuentas de los padres.
  • Freno a la publicidad agresiva: Cortar con las campañas que pintan el juego como un simple "pasatiempo recreativo" o que regalan "bonos de bienvenida" para enganchar usuarios.
  • Recursos para la salud mental y el deporte: Destinar un porcentaje directo de las utilidades de las empresas de apuestas a financiar programas provinciales de ludopatía, así como a equipar a las entidades deportivas locales y clubes de barrio.
  • Persecución del circuito clandestino: Articular entre la Justicia provincial y el regulador herramientas veloces que permitan dar de baja en pocas horas las páginas web y las cuentas de pago no autorizadas.

Una oportunidad para prevenir antes que lamentar

Regular con firmeza la oferta legal, controlar a los monopolios existentes y salir a cazar los sitios clandestinos no es una cruzada contra el juego, sino un acto elemental de salud pública y defensa social.

Tierra del Fuego no puede quedarse mirando para otro lado mientras la adicción al juego se mete en las casas por la puerta trasera. La Legislatura provincial y las autoridades del IPRA tienen la oportunidad —y la responsabilidad histórica— de tomar la iniciativa, salir de la comodidad administrativa y diseñar un marco regulatorio con dientes, moderno y pensado verdaderamente para cuidar a los fueguinos, salvo que determinados "aportes" a la dirigencia, "frenen" las intenciones de control y fiscalización de quienes tienen la responsabilidad funcional y política sobre el tema.
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