El presidente Javier Milei restringió el acceso a la información pública de los actos oficiales, limitando la difusión de hechos que califica como "privados" como aquellos que ocurran en la Quinta de Olivos y habilitó la no divulgación de "deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares" sobre un tema o acto de gobierno.
Con el Decreto 780/2024, el Ejecutivo nacional se arrogará la discresionalidad de autodefinir y autodeterminar cuál o cuáles serán los datos que podrán considerarse como de interés público para salir a la luz.
Así, se establecieron nuevos criterios que limitan a los ciudadanos a acceder (de manera individual o colectiva, independiente o a través de la prensa) a los datos de la administración nacional sobre la cosa pública.
Se trata de una modificación de lo que regía hasta ahora en la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada sobre la base del artículo 75 de la Constitución.
El decreto reconoce que el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, la promoción de la participación ciudadana, la transparencia de gestión y demás. Pero achica los límites para que el gobierno dé a conocer sólo lo que Milei quiere.
Por ejemplo, establece que "no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada". Por ejemplo, los hechos que ocurran en la Quinta de Olivos, como reuniones familiares, cantidad o existencia de mascotas, visitas íntimas o reservadas que supuestamente no tengan que ver con la gestión.
También prohíbe la difusión de "deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares" sobre un tema o acto de gobierno. Es decir que todas las anotaciones personales en una reunión o en agendas no serán consideradas como documentos de Estado ni posibles de ser revisadas.
En otro artículo, fija en 10 años el blindaje sobre datos confidenciales o secretos de Estado por razones de defensa, política exterior o seguridad interior.
Además, protege el secreto financiero y los datos propios o de terceros que maneje el Banco Central, sobre la base de la Ley de Entidades Financieras. Así el Ministerio de Economía podría ampararse en esta modificación para volver a responder negativamente a los extensos pedidos de información sobre la salida al exterior de lingotes de oro de la reserva nacional.
En otro tramo establece que la información que no se dará a conocer será también aquella que "sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta". Pero no especifica los parámetros de razonabilidad y deja librado a entender del gobierno que sería razonable y lo no razonable.
Te puede interesar
Lo más visto
