El Superior Tribunal de Justicia resolvió ayer que los funcionarios judiciales se sumarán al Aporte Solidario Extraordinario, que votó la Legislatura provincial para garantizar el acceso a los alimentos de 10 mil familias en situación de vulnerabilidad. Contribuirán obligatoriamente con el 10% del total de las remuneraciones de las escalas vigentes por cuatro meses.
La decisión fue adoptada por el presidente del STJ, José Sappa, junto a los ministros Eduardo Fernández Mendía, Hugo Díaz, Verónica Campo y Fabricio Losi. El 4 de septiembre pasado, la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal confirmó el aporte de sus 53 miembros -aportaron el 100% del valor de la cuota social-.
De esta forma, la postura de jueces y funcionarios del Poder Judicial de La Pampa va en contra del planteo del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales que durante el tratamiento del proyecto presionó, advirtiendo su "profunda y grave preocupación" por el aporte y recurrió nuevamente a la ""intangibilidad" de las sus remuneraciones.
"El Poder Judicial tiene la responsabilidad institucional de no desentenderse de la problemática económica y social que afecte a la sociedad en cada momento histórico, acompañando el esfuerzo realizado por los demás poderes del Estado en iniciativas concretas destinadas al bien común; tal como ya hizo en oportunidades anteriores", señaló el STJ.
Por esa razón, la Justicia provincial adhirió a la ley 3583, que creó el Fondo Alimentario Extraordinario Provincial, por lo que desde septiembre y hasta diciembre, "los magistrados y funcionarios, cualquiera sea su situación de revista, desde la categoría de secretario de Juzgado Regional Letrado inclusive" aportarán de manera obligatoria el 10% del total de la remuneración de escala vigente.
En el texto de la resolución, afirmaron que el STJ "como cabeza del Poder Judicial, debe realizar acciones que acrecienten la legitimación social de dicho poder, la cual se alcanza no solo con el cumplimiento acabado del mandato constitucional relativo a la correcta prestación del servicio de justicia; sino también con la realidad de actos concretos que contribuyan al bienestar de las personas que integran la comunidad".
Por consiguiente, en cuanto al monto del aporte extraordinario, el máximo tribunal de la provincia consideró "oportuno y razonable establecer un criterio similar al adoptado por los demás poderes del Estado".
El aporte solidario, presentado en marzo por el gobernador Sergio Ziliotto, fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados -Noelia Viara (PRO) votó en contra-, después de varias idas y vueltas que incluyeron tres sesiones sin quórum ante la ausencia de la oposición.
El objeto del proyecto era garantizar el acceso a los alimentos de las 10.000 familias más vulnerables de La Pampa, en un contexto social y económico complejo.
La Legislatura de La Pampa determinó por resolución que diputados y funcionarios destinarán el 10 % de sus salarios al Sistema de Asistencia Alimentaria. La resolución, firmada por la vicegobernadora Alicia Mayoral, establece que la medida alcanza a diputados y diputadas, al igual que funcionarios y funcionarias de la Cámara, en el marco de la ley provincial que declara prioritario y de Interés Público al Sistema de Asistencia Alimentaria. Determina, además, que dicha contribución se hará desde septiembre y hasta diciembre de 2024.
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