Neuquén: Denuncian a Nadia Márquez y Pablo Ruiz por presunta malversación de bienes públicos

Neuquén13/12/2024
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El abogado y exdiputado Mariano Mansilla presentó una nueva acusación contra Pablo Ruiz, excoordinador de la Casa de las Leyes, y la diputada nacional Nadia Márquez. Según la denuncia, ambos habrían utilizado las instalaciones de este centro cultural e histórico para fines partidarios y religiosos, lo que violaría el artículo 261 del Código Penal por peculado y malversación de bienes públicos. En el caso de Márquez, la acusación se agrava por su condición de funcionaria pública.

Mansilla afirmó que los actos denunciados forman parte de una presunta estructura de corrupción que involucra a otros imputados, entre ellos Gloria Ruiz, la vicegobernadora momentáneamente suspendida. “Se trata de un mismo hecho a investigar: el armado de una estructura de corrupción que tiene terceros beneficiarios, tanto particulares como públicos, mediante el desvío de fondos y bienes públicos. En este caso, se utiliza un edificio público destinado a fines culturales e históricos para actividades partidarias y religiosas que no deberían ser financiadas por los contribuyentes”, sostuvo el abogado tras formalizar la denuncia y reunirse con los fiscales del caso.

La denuncia incluye pruebas contundentes, como fotos y videos donde se ve a la diputada Márquez en reuniones partidarias y atendiendo a personas en una amplia oficina del edificio público. Además, Mansilla presentó capturas de pantalla de publicaciones en la red social Instagram de la diputada, donde ella misma hace referencia a actividades del partido La Libertad Avanza en el lugar. Según la evidencia, estos eventos ocurrieron durante los meses de julio y agosto de este año.

El exdiputado reforzó la idea de que este tipo de maniobras afectan directamente a los ciudadanos, quienes financian actividades privadas con recursos destinados a la preservación del patrimonio histórico y cultural. “No es aceptable que un espacio público se utilice de esta manera, mucho menos para promover intereses partidarios o religiosos”, concluyó.

La investigación está en curso y los fiscales evalúan las pruebas presentadas para determinar la responsabilidad de los involucrados. Mientras tanto, este caso genera controversia en la política local, con fuertes cuestionamientos hacia la gestión de los espacios públicos y el uso de recursos estatales.

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