Tras el anuncio del intendente de Bariloche, Walter Cortés, del llamado a una Consulta Popular para resolver unos diez temas que la «burocracia» no permite, sobrevino una fuerte polémica y varias críticas de la oposición. Comenzaron a estudiarse diversas acciones jurídicas y políticas para jaquear la realización de la convocatoria.
El abogado Alejo Ramos Mejía aportó una mirada crítica que pone en tensión la legalidad y legitimidad de la maniobra impulsada por el jefe comunal. En un análisis para Radio Con Vos Patagonia, no solo desmenuzó los límites legales de la herramienta de consulta popular en Bariloche, sino que advirtió sobre una serie de contradicciones políticas y riesgos institucionales que, según su análisis, podrían derivar en una judicialización del conflicto.
«La regla es la democracia representativa. Lo otro es la excepción”, advirtió el letrado, en referencia al uso del referéndum como recurso frecuente. Cabe recordar que Cortés criticó la «burocracia» de la democracia y el paso por el Concejo Deliberante de temas de gestion.
Uno de los puntos más sensibles que expuso Ramos Mejía tiene que ver con la competencia institucional. Si bien el artículo 163 de la Carta Orgánica Municipal autoriza al gobierno a realizar un referéndum, el abogado precisó que la atribución para convocarlo corresponde al Concejo Deliberante. “El intendente puede proponerlo, pero no tiene competencia exclusiva para hacerlo por resolución. Es el Concejo quien debe resolverlo”, aseguró.
Para la concejal de Juntos Somos Río Negro, Natalia Almonacid, el llamado a referéndum revela no solo un desconocimiento profundo del funcionamiento institucional, sino también una tentativa deliberada de debilitar al Concejo Deliberante y arrogarse facultades legislativas que no le corresponden al Ejecutivo.
“Me llama mucho la atención que no pueda, de una propuesta que es tan fuerte, tan relevante, explicar cuál es el procedimiento que tiene en su cabeza”, afirmó Almonacid en diálogo con Radio Con Vos Patagonia.
Según su mirada, ni el intendente ni su asesora letrada, Yanina Sánchez, han demostrado dominio de los marcos normativos que regulan el funcionamiento municipal. Más aún: la edil sostuvo que el Ejecutivo se ampara en normas provinciales para justificar un accionar que ya está claramente regulado por la propia Carta Orgánica Municipal.
Citación formal y posible sanción
Ante el avance unilateral del Ejecutivo, el Concejo Municipal activó uno de sus resortes institucionales. En la última sesión legislativa se resolvió citar a Cortés para que comparezca ante la próxima comisión. La iniciativa fue presentada por la concejal Samanta Echenique y contó con el respaldo de Almonacid, que justificó la decisión en base al artículo 38 inciso 19 de la Carta Orgánica.
Ese artículo establece que el intendente tiene la obligación de presentarse salvo que esté “de viaje o enfermo”, y que debe justificar su ausencia por escrito. En caso de no hacerlo, el Concejo puede imponerle una sanción económica del 30% de su salario mensual. “Aunque el intendente puede vetar esa sanción, tenemos los ocho votos necesarios para insistir”, advirtió Almonacid.
El gesto no es solo administrativo: representa un mensaje político claro del Deliberante frente al intento del Ejecutivo de avanzar sin consensos y al margen de la ley. A medida que se profundiza el conflicto, crece el temor de que el intendente intente instalar la idea de que el referéndum puede reemplazar el proceso institucional ordinario.
Pero las críticas de Almonacid no se limitaron al intendente. También hubo reproches hacia otros órganos de control e instituciones autónomas que, a su juicio, no están cumpliendo su rol ante el avance irregular del Ejecutivo.
Se refirió puntualmente al Tribunal de Contralor y a la Junta Electoral Municipal, dos espacios que -según sostuvo- deberían actuar con mayor firmeza para garantizar el debido proceso legal.
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