Neuquén: Fuerte denuncia contra el intendente Claudio Larraza: lo acusan de abandono de persona

La justicia de Cutral Co, deberá determinar si formula cargos contra el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, tras la denuncia que formuló en su contra, el abogado Omar Pérez, representante legal de Marcela Sáez, quien se desempeñaba en el juzgado de Faltas y que fue despedida por el municipio, tras vencerse su contrato en noviembre de 2024. En la acusación, el letrado considerada que, tras ser desafectada, la mujer “quedó desamparada, sin obra social, sin cobertura de la seguridad social y sin haberes”.

Previo a su desafectación, la mujer había presentado una denuncia contra la jueza, Sofía Vallejos, “por violencia de género en contexto laboral”. Sáez, se desempeñaba en el Juzgado de Faltas desde el 20 de octubre de 2022 y el 1 de septiembre de 2023, le confeccionaron un contrato de locación de servicios para, más tarde, el 1 de junio de 2024, realizarle un nuevo contrato de empleo público. Según señaló el abogado Pérez, ese mismo año, el 9 de octubre, “presentó la denuncia por violencia laboral contra su jefa, la jueza de faltas, Sofía Vallejos”.

Tiempo más tarde, el 30 de noviembre de 2024, al finalizar el contrato de empleo público, “la trabajadora fue desafectada de su puesto”, explicó el abogado y remarcó que el hecho, “ocurrió 20 días después que formulara la denuncia por maltrato laboral”. El escrito que presentó ante la justicia el abogado de Sáez, señala que se violentaron las normas previstas en la Ley 2786 de Protección Integral de la mujer y convenciones internacionales, “al no otorgarle tareas a la trabajadora, desde el momento que denunció a la magistrada y causando una revictimización permanente”.

Según explica el representante de la trabajadora, “el despido por finalización de contrato de empleo público, no representa una medida de protección efectiva e implica desamparo, frente a una situación de vulneración de derechos”. Además, en el escrito, Pérez señala que la jurisprudencia constitucional, “reconoce el derecho a la estabilidad laboral en las relaciones surgidas a partir de un contrato a término definido” y entiende que el vencimiento de ese plazo, “no es razón suficiente para darlo por terminado, cuando el empleado se encuentra en una situación de debilidad manifiesta”.

La denuncia de Sáez no es la primera que recae contra la jueza de faltas, ya que anteriormente había sido acusada por la misma causa y la justicia laboral en ese caso, dictó medidas cautelares, “como la adecuación de una oficina en otro edificio para que no existiera contacto con las denunciantes”, recordó el abogado. En otro momento hubo un intento de juicio político contra la magistrada, “pero no prosperó y fue repuesta en sus funciones”, dijo Pérez.