El Gobierno anunció la privatización de Corredores Viales: qué pasará con las concesiones

El Gobierno Nacional se prepara para dar un giro en la administración de las rutas a través de la privatización de Corredores Viales, empresa estatal que gestiona una extensa red de autopistas y tramos viales en todo el país.

La intención es eliminar gradualmente a la compañía, permitiendo que nuevas concesionarias operen bajo un modelo de obra pública por peaje, lo que implica que el sector privado se encargue de la ejecución y gestión de las obras.

Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión surge tras constatar que, al inicio de la gestión, aproximadamente el 45 % de la traza operada por Corredores Viales se encontraba en mal estado o en condiciones críticas. 

“El Gobierno Nacional tomó la decisión de privatizar la compañía Corredores Viales Sociedad Anónima bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, sostuvo.

 Además, se identificó una paralización en los contratos de obra y un atraso tarifario similar en relación a la tarifa técnica, lo que evidenció la necesidad de renovar el sistema. 

“A modo de repaso, en el comienzo de la gestión, el 45 % de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado malo o crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45 % en relación a la tarifa técnica”, precisó Adorni.

La situación económica de Corredores Viales ha sido motivo de preocupación en 2023. Datos oficiales señalan una deuda con proveedores que alcanzó los 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por 268.000 millones, situación que obligó al Tesoro Nacional a prestar asistencia por un monto de 301.000 millones.

En este contexto, se convocó para finales de febrero una audiencia pública que dará inicio al proceso de licitación para la denominada "ruta del Mercosur", de unos 670 kilómetros de extensión, anteriormente operada por la empresa privada CRUSA durante tres décadas.