La presunta megaestafa digital $LIBRA suma otro capítulo internacional. A la denuncia criminal que ya recibió el FBI se agrega una demanda civil multimillonaria impulsada por el estudio jurídico neoyorquino Burwick Law. Con más de 200 damnificados de Argentina, EE.UU., Europa y Asia, la firma evalúa presentar una “class action” contra los responsables de la operatoria que promovió el presidente Javier Milei.
La denuncia se suma a la realizada por el estudio Moyano & Asociados, de Argentina, que fue presentada ante el Departamento de Justicia y el FBI como un “reporte de operaciones criminales” con el objetivo de que se investigue y sancione penalmente a los responsables de la presunta estafa, incluyendo al presidente Javier Milei, su hermana y empresarios vinculados.
El bufete estadounidense Burwick Law, en tanto, prepara una demanda colectiva con un enfoque estrictamente civil. Representa a inversores que buscan recuperar su dinero a través de una acción judicial en cortes estadounidenses. A diferencia de la denuncia penal, esta demanda apunta a la compensación económica de los damnificados y no menciona directamente a Milei como demandado, aunque subraya que el esquema se valió de figuras públicas para ganar credibilidad.
El bufete captó a la mayoría de sus clientes a través de redes sociales, donde el sábado publicó un comunicado ofreciendo representación legal a los damnificados. “Si perdió dinero en $LIBRA, comuníquese con Burwick Law para conocer sus derechos legales”, rezaba el mensaje fijado en su cuenta de X.
El bufete, especializado en la protección de consumidores digitales, anunció que investiga el caso y diseña una estrategia legal para recuperar el dinero de sus clientes. “Defenderemos celosamente a nuestros representados mediante los recursos civiles disponibles, incluyendo litigios si se justifica”, aseguró su socio gerente, Max Burwick.
Si bien todavía no definieron el camino jurídico a seguir, la demanda podría presentarse en distintas jurisdicciones dependiendo de factores como la residencia de los responsables, el origen de las inversiones y la ruta del dinero, según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación. El estudio ya representa víctimas de Argentina, EE.UU., Europa, Asia y África y busca aliados en otras jurisdicciones para ampliar su alcance.
Uno de los principales rostros detrás de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, admitió en entrevistas recientes múltiples irregularidades financieras. Entre ellas, reconoció haber utilizado información privilegiada, manipulado el mercado y ocultado datos clave a los inversores. Un reclamo judicial podría abarcar varias cortes simultáneamente en función de estos hechos.
Burwick Law, sin embargo, evitó pronunciarse sobre Milei, Davis y los otros protagonistas del escándalo. Aunque señaló que este tipo de fraudes suelen tener en común el uso de figuras públicas que no son expertas en criptomonedas para atraer inversores desprevenidos.
PIA
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación preliminar por el escándalo que involucra la promoción por parte del presidente Javier Milei del meme coin $LIBRA que resultó una estafa para miles de inversores, en todo el mundo. Pese a que todavía no recibió ningún pedido de colaboración por parte de la fiscalía que encabeza Eduardo Taiano, la oficina que conduce el fiscal Sergio Rodríguez inició de manera autónoma sendas investigaciones a la espera de que el caso tenga impulso fiscal ante el juzgado de María Servini que aglutina el mayor número de denuncias presentadas.
Pero en paralelo, el caso ofrece su flanco más amenazante para la situación de la administración Milei desde el exterior, donde algunos afectados ya se han presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para iniciar una demanda.
Este tipo de presentaciones buscan caminar los pasos que siguieron los bonistas que litigaron contra el país en tribunales extranjeros y aquí es donde la figura de Milei
–promocionando en su cuenta de X y en el ejercicio de sus funciones el fallido proyecto de inversión- salpica al Estado argentino, en múltiples aristas.
No es solo la posibilidad de actuación del FBI, sino también de Homeland Security, un organismo poco conocido en estas latitudes pero que gusta de intervenir en investigaciones de este calibre, sobre todo si la circulación del dinero obtenido en la estafa pudo tener relación con algún activo estadounidense en el mundo.
La PIA –que depende de la Procuración General de la Nación- posee autonomía para investigar hechos de posible corrupción e irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos, lo que pone en la mira no solo al Presidente, sino a todo su entorno, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y todos aquellos funcionarios que hayan intervenido en las gestiones que derivaron en el cripto escándalo. Es decir, puede avanzar de oficio si considera que existen elementos, al menos, para una investigación preliminar.
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