El Gobierno elimina por decreto la intervención de la Secretaria de Educación en las paritarias docentes

El Gobierno nacional dejó de participar de forma directa en las paritarias docentes a nivel federal. A partir del decreto 341/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modifica el esquema tradicional y se le otorga al Consejo Federal de Educación, junto a los sindicatos nacionales, la tarea de discutir salarios, condiciones laborales, calendario escolar y carrera docente. La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano solo podrá intervenir una vez que haya un acuerdo cerrado y si detecta objeciones presupuestarias.

Este nuevo modelo implica un cambio en el rol del Estado nacional dentro del sistema educativo. El argumento oficial apunta a que, como los servicios educativos fueron transferidos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son ellas quienes deben asumir el control total de las paritarias docentes. En este nuevo esquema, el Estado nacional actúa como revisor de última instancia.

Con esta decisión, las paritarias docentes pasarán a depender por completo de las jurisdicciones provinciales, que deberán sentarse cara a cara con los gremios para definir las reglas del juego. Si bien se mantendrá el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente para apoyar a las provincias con menos recursos, ahora su aplicación dependerá también de la aprobación fiscal del Ministerio de Capital Humano.

De esta manera, se deja atrás una práctica que estaba vigente desde 2006, cuando la Ley de Financiamiento Educativo había establecido una mesa nacional para coordinar criterios comunes en todo el país. Desde ahora, ese punto de encuentro deja de existir, lo que podría generar más diferencias entre provincias con realidades muy distintas.

El decreto se alinea con la intención del Gobierno de reducir funciones consideradas no esenciales, descentralizar responsabilidades y “mejorar la eficiencia del gasto”. Sin embargo, desde distintos sectores gremiales y educativos advierten que esta decisión puede aumentar las desigualdades salariales entre docentes de distintas provincias. A pesar de los cuestionamientos, la norma ya está en vigencia. La Comisión Bicameral del Congreso será la encargada de revisarla.