La lucha contra el delito en general y contra el narcotráfico en particular se ha convertido en la preocupación medular del Estado provincial neuquino. Aumentaron las inversiones y se suman nuevas herramientas legales para hacer frente a un problema que crece sin pausa desde hace tres décadas en todo el país. La región de Vaca Muerta no es la excepción y presenta incluso, por su atracción, un desafío singular.
Durante la última etapa de la gestión de Omar Gutiérrez el problema de la inseguridad estuvo prácticamente fuera de la agenda de la gestión pública. Tras los magros resultados del entonces Ministerio de Seguridad a cargo de Vanina Merlo, no solo se reemplazó a la titular de la cartera, también se le bajó el rango institucional al área. El ministerio pasó a secretaría y la nueva responsable del área, Marianina Domínguez, gestionó una cáscara vacía sin herramientas reales.
La gestión de Rolando Figueroa heredó un problema decididamente serio. Desde la presencia policial en las calles, pasando por el equipamiento de las fuerzas, la compra de insumos y móviles, hasta la capacitación e incorporación de nuevos agentes, los desafíos eran innumerables. A la reconstrucción del área, el actual gobierno provincial sumó la decisión de combatir el microtráfico de drogas con recursos provinciales. Una responsabilidad que hasta hace unos pocos meses estaba bajo la órbita exclusiva del fuero Federal. Una apuesta que aumentó rápidamente no sólo la cantidad de detenciones y allanamientos, sino también la celeridad en el proceso judicial.
En pocas semanas, cuatro detenidos y acusados por narcomenudeo fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva, a solo tres meses de que el Estado provincial neuquino se hiciera cargo del combate al narcomenudeo.
El Gobierno, la Legislatura, el Ministerio Público Fiscal y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) coordinan acciones, aunque sigue habiendo jueces cuyos fallos favorecen a los delincuentes. Uno de los casos más llamativos involucra a un ex docente de educación sexual infantil (ESI) que, hace unos pocos días, fue condenado por abuso en San Martín de los Andes. Un tribunal colegiado le impuso una condena de tres años de prisión de ejecución condicional. Es decir, los jueces intervinientes, decidieron que el condenado no vaya preso.
Sobre mojado la propia ex ministra de Gutiérrez, Vanina Merlo, se opone a las detenciones, ahora en su rol de jefa del Ministerio Público de la Defensa. Al igual que ciertos jueces ha echado mano a lo que consideran crisis carcelaria, para pedir libertades o sancionar con prisión domicilia aun a los autores de delitos graves. El actual gobierno tiene en marcha inversiones destinadas a la ampliación de cárceles hoy sobrepobladas, entre otras cosas, porque se combate con mayor seriedad el delito.
La facilidad con la que los demorados recuperan la libertad es un problema nacional que, por supuesto, tiene su correlato en Neuquén. A eso se refirió el propio Figueroa, quien durante una reunión con autoridades judiciales y en la que estaba la propia Merlo, señaló: “Para nosotros es muy importante cortar con que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra”.
El gobernador lo expresó durante el acto de entrega de aportes al Poder Judicial, para la creación y puesta en funcionamiento de un laboratorio toxicológico que permitirá detectar y combatir la droga en Neuquén.
Los legisladore provinciales aportan lo suyo. Esta semana presentaron un proyecto para incorporar tanto la denuncia anónima como las figuras del agente revelador y del informante para investigaciones especiales, además de la habilitación de allanamientos nocturnos para causas graves, urgentes o vinculadas al microtráfico de drogas.
El proyecto de denuncias anónimas habilita la modalidad para los casos de microtráfico de droga, las cuales pueden efectuarse tanto por teléfono como a través de un servicio web oficial, en forma personal o mediante el uso de un buzón. Otra propuesta, la ampliación de la prisión preventiva, tiene grandes posibilidades de convertirse en ley. Una iniciativa que impulsan diputados de distintos bloques: entre ellos, Comunidad, Avanzar, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Neuquén Federal, MPN y Fuerza Libertaria.
El menú de iniciativas se completa con proyectos para jerarquizar a la Policía, a la que se ha fortalecido con la compra de móviles, chalecos y armas. El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, afirmó que la provincia avanza hacia la compra de las pistolas Taser. El combate a la delincuencia no es sencillo frente a las modalidades delictivas que también evolucionan, pero la nueva impronta es necesaria y de una vez por todas el asunto merece un abordaje a la altura de la demanda ciudadana.
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