







Por mayoría, la cámara de diputados de Neuquén aprobó un proyecto de comunicación por el que se rechaza el dictamen de la Cámara de Diputados de Nación que modifica el Régimen Penal Juvenil para bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad de delitos a menores. La Comunicación aprobada contó con los votos positivos de los bloques del MPN, JxC-UCR, Juntos, PTS-FIT-U, FIT-U, Avanzar, Neuquén Federal, Arriba Neuquén y UxP. Los bloques Comunidad, PRO-NCN y Fuerza Libertaria votaron en forma dividida.


En el caso de Comunidad, el voto negativo fue el del diputado Ernesto Novoa, mientras que el resto del bloque avaló el rechazo al dictamen. En el PRO-NCN, los diputados Damián Canuto y Marcelo Bermúdez votaron en forma negativa y las diputadas Mercedes Tulián y Verónica Lichter lo hicieron a favor. En tanto, el voto positivo dentro del bloque Fuerza Libertaria fue el del diputado Alberto Bruno y el negativo lo aportó su compañero Guillermo Monzani.
Al fundamentar la iniciativa, la diputada del MPN, Cieliubi Obreque, expresó que “el dictamen del Congreso no está basado en datos certeros y actualizados, y no aborda la problemática de forma integral. Añadió que la medida no refleja la realidad y plantea un retroceso de derechos”.
Su compañera de bloque Ludmila Gaitán remarcó que reducir a 14 años la edad de punibilidad “no es la respuesta ni la forma adecuada de abordar el problema de la inseguridad” sino que, por el contrario, va a profundizar la exclusión y violar principios constitucionales fundamentales. “Esta ley es socialmente regresiva, políticamente grave y jurídicamente irresponsable”, aseguró.
Por el bloque Comunidad, la diputada Yamila Hermosilla consideró que bajar la edad de imputabilidad “no es la solución a los problemas de seguridad” y advirtió la falta de un plan de contención. Añadió que “los chicos y chicas que cometen delitos son víctimas de un sistema que no los está viendo y de contextos sociales vulnerables”.
Desde Neuquén Federal, el diputado Carlos Coggiola consideró que “el dictamen de la Cámara Baja es demagógico y no tiene un enfoque integral”, pero enfatizó que es necesario discutir una nueva Ley Penal Juvenil.
A su turno, el diputado Darío Martínez (UxP) sostuvo que “bajar la edad de imputabilidad es reconocer el fracaso de las políticas públicas”, mientras que su par de JxC-UCR, César Gass, hizo eje en que el Estado no cuenta con las herramientas para asistir a los jóvenes que delinquen.
La diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN) opinó que se trata de un fracaso de las políticas de protección de la infancia y la adolescencia, y advirtió sobre la necesidad de destinar presupuesto para esas áreas.
El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) planteó que el dictamen de comisión del Congreso intenta “correr el eje” al no tomar en cuenta el dato de pobreza en la infancia que alcanza el 70%. “Es humo para la campaña”, dijo tras advertir que incurrirá en una violación de derechos constitucionales.
Al fundamentar su posición en contra del dictamen, el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) dijo que los adolescentes a partir de los 13 o 14 años empiezan a entender la gravedad de los actos y destacó que los hechos delictivos que cometen no son travesuras. También expresó que “lo peor que le puede pasar a una sociedad es la impunidad”.
Damián Canuto, del bloque PRO-NCN consideró que “es necesario contar con un Régimen Penal Juvenil especial y acotó que el Estado “debe imputar conductas y castigarlas”.
La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) cuestionó que se esté discutiendo un pronunciamiento en base a presunciones al remarcar que el Congreso aún no tomó una decisión final sobre el tema. Además, opinó que son discusiones que “no cambian la realidad de los argentinos y de los neuquinos”.

















