La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció este jueves que avanzará con un paro nacional en rechazo a los vetos impulsados por el presidente Javier Milei sobre la Ley de Emergencia Pediátrica y la de Financiamiento Universitario. La decisión se comunicó a través de un mensaje del secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien acusó al Gobierno de "profundizar la crisis terminal del sistema sanitario público".
Según detalló Aguiar, el veto presidencial a la Emergencia Pediátrica pone en riesgo el acceso a la salud de toda la población, mientras que la falta de financiamiento universitario golpea a miles de estudiantes y docentes en todo el país. En ese marco, el dirigente de ATE advirtió que en las próximas horas se realizarán asambleas en distintos sectores estatales con el fin de definir la fecha y la modalidad de la protesta, que se espera tenga un alcance federal.
El titular también sostuvo que la situación de los hospitales públicos es alarmante, con recortes que afectan partidas presupuestarias esenciales, desde insumos hasta medicamentos: "No se puede permitir que se terminen de cerrar hospitales y que trabajadores y pacientes queden en la calle", señaló. Además, criticó los "salarios de hambre" que perciben los empleados hospitalarios y subrayó que la huelga nacional es una respuesta directa al deterioro de las condiciones laborales.
En su comunicado, Rodolfo Aguiar fue aún más allá y cuestionó el rumbo político de la administración de Javier Milei. Aseguró que el Gobierno "se empecina en negar el mensaje de las urnas" y advirtió que la sociedad votó para frenar el ajuste, no para profundizarlo. "Milei encabeza una gestión que agoniza y nosotros lo tenemos que seguir confrontando en las calles. La motosierra no puede aplicarse sobre los sectores más vulnerables", expresó el líder sindicalista.
Desde ATE remarcaron que las leyes vetadas habían sido aprobadas por ambas cámaras del Congreso, lo que refuerza la gravedad de la decisión presidencial. La normativa sobre Emergencia Pediátrica declaraba el estado crítico del sistema sanitario para niños y adolescentes durante dos años, con la obligación del Estado de garantizar recursos inmediatos. A su vez, la Ley de Financiamiento Universitario contemplaba una asignación de fondos para el funcionamiento de las instituciones y una recomposición salarial del personal docente y no docente.
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