El Gobierno modifica otra vez el presupuesto 2025 para el pago de las deudas, PAMI, Aysa y Belgrano Cargas

El Gobierno nacional realizó una nueva modificación del Presupuesto 2025, con el objetivo de cubrir deudas y reforzar áreas sensibles como PAMI, los trenes, Aysa y la empresa Nucleoeléctrica Argentina. También se incorporaron partidas para la Flota Aérea Presidencial y la Entidad Binacional Yacyretá.

La decisión se formalizó a través de la disposición administrativa 23/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Guillermo Francos y Luis Caputo. El texto, que ocupa más de 400 páginas en anexos, deja en claro que la reasignación de fondos es parte de la dinámica del Presupuesto 2025, en el que se priorizan los gastos corrientes por sobre los de capital. La medida apunta a sostener el funcionamiento del Estado en áreas consideradas impostergables.

Entre los puntos más destacados del Presupuesto 2025, se decidió reforzar partidas para cubrir salarios, gastos de funcionamiento y equipamiento de distintas dependencias. En paralelo, se reasignaron fondos para que el Ministerio de Defensa asuma la administración de la Flota Aérea Presidencial. Una parte importante de los recursos, además, se destinará al pago de la deuda pública, un compromiso que sigue ocupando el centro de la agenda económica.

El paquete también prevé aumentos para el PAMI, con el objetivo de sostener la atención de los jubilados, y transferencias a empresas ferroviarias como Belgrano Cargas y Trenes Argentinos. A eso se suman recursos para el programa Educ.ar, que busca fortalecer el acceso a la tecnología en el ámbito educativo.

Aysa, Yacyretá y la Nucleoeléctrica Argentina aparecen también entre los beneficiados de esta redistribución, con el fin de sostener obras y servicios vinculados a agua, energía y generación eléctrica. Estos movimientos se enmarcan en una estrategia que combina ajuste fiscal con refuerzos puntuales en áreas consideradas estratégicas.

Asimismo, la decisión incorpora fondos provenientes de bienes recuperados de causas judiciales, que pasarán a formar parte del financiamiento estatal bajo la órbita de un nuevo consejo de administración.