El radar de la discordia: Comienza a funcionar la Comisión investigadora que pone la lupa sobre la trama LeoLabs

La política de Tierra del Fuego suele ser un territorio de lealtades móviles y fuegos cruzados, pero cuando el tablero toca la fibra más sensible de la provincia —la soberanía y la Cuestión Malvinas—, los papeles se queman rápido. La creación de la Comisión Especial Investigadora en la Legislatura provincial es el último capítulo de un escándalo que mezcla desidia administrativa, capitales internacionales y una alarmante miopía estratégica.

Los legisladores Federico Sciurano (FORJA), Pablo Villegas (MPF), Juan Carlos Pino (PJ), Laura Colazo (PV), Matías Lapadula (PG), Gisela Dos Santos (ST), Natalia Gracianía (LLA) y Raúl Von der Thusen (SF) tienen sobre sus escritorios una brasa ardiendo. El objetivo: diseccionar la cadena de responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios que, allá por 2023, miraron para otro lado —o firmaron con excesiva ligereza— para que la firma LeoLabs asentara un radar de monitoreo satelital de órbita baja en las narices de Tolhuin, en la estancia El Relincho.

El blindaje político y social del asunto quedó sellado con un dato clave: a los parlamentarios se sumarán, como asesores ad honorem (con voz pero sin voto), representantes de los Centros de Veteranos de Malvinas de la provincia. Una señal clara de que este no será un trámite de oficina más; los excombatientes se encargarán de que a nadie se le ocurra diluir el costo político de lo que muchos consideran una entrega lisa y llana.

Un prontuario de alertas ignoradas

Para entender el tamaño del desaguisado que esta comisión debe investigar en un plazo de 90 días hábiles, hay que rebobinar la cinta. LeoLabs se presenta al mundo como una inocente startup tecnológica dedicada a mapear la basura espacial para evitar colisiones en el cosmos. El problema es la letra chica de su composición y su alcance dual.

• El fantasma de la Commonwealth: Aunque la filial se inscribió en el país como LeoLabs Argentina S.R.L., sus casas matrices y el flujo de capitales conducen de manera directa a Gran Bretaña y Estados Unidos. En una provincia que tiene las Islas Malvinas usurpadas en su propia jurisdicción, la radicación de una antena de semejante calibre tecnológico con bandera británica de fondo es, como mínimo, una provocación geomilitar.

• La tecnología dual: El radar instalado en Tolhuin no discrimina entre un pedazo de satélite viejo y un activo estratégico. Su capacidad para rastrear objetos en la órbita baja de la Tierra le otorga un valor de inteligencia militar innegable, justo en un nodo de conectividad global y proyección antártica fundamental como lo es Tierra del Fuego.

• El "acting" de las autorizaciones: El expediente administrativo original es un monumento a la desconexión estatal. Mientras la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Nación otorgaba permisos precarios en 2022, a nivel local se avanzaba con habilitaciones ambientales y de la empresa provincial de energía para dotar de infraestructura al predio. Nadie cruzó los datos, o nadie quiso hacerlo, hasta que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas pusieron el grito en el cielo en 2023 advirtiendo la flagrante vulneración a la seguridad nacional.

Superpoderes para un dictamen clave

La resolución de la Legislatura no se quedó corta en el diseño de las herramientas para la comisión. Los ocho parlamentarios contarán con facultades que emulan a las de un juzgado de instrucción: podrán exigir copias certificadas al Poder Ejecutivo, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado; citar y apretar las clavijas a funcionarios actuales y de la gestión anterior, y convocar a peritos técnicos independientes para que traduzcan qué es lo que realmente transmitía esa mole de metal en el corazón de la isla.

El foco estará puesto en desentrañar el "cómo" y el "por qué". ¿Hubo coimas, negligencia supina o una alarmante desconexión entre las áreas de Catastro, Medio Ambiente y las carteras políticas del gobierno provincial? El informe definitivo que se eleve a la Cámara no solo buscará nombres propios para el linchamiento político o judicial, sino también suturar una herida institucional: cómo fue posible que una potencia extranjera montara un ojo tecnológico en territorio fueguino sin que se encendieran las alarmas de la Casa de Gobierno en Ushuaia.

El reloj ya corre. Noventa días para destapar una olla donde el secretismo corporativo y la burocracia estatal dejaron una marca difícil de borrar en la soberanía austral.