Puerto de Ushuaia| Laura Colazo exigió informes oficiales y advirtió con acudir a la Justicia

Creciente preocupación ambiental por la situación del Puerto de Ushuaia: 

​La situación ambiental y el impacto de las operaciones en la terminal portuaria de Ushuaia generaron una fuerte contienda institucional en Tierra del Fuego.

La legisladora Laura Colazo formalizó una solicitud de informes dirigida al Poder Ejecutivo provincial para conocer en detalle los controles, protocolos de fiscalización y estudios de impacto ambiental vigentes en el área. Al mismo tiempo, la parlamentaria lanzó una severa advertencia: si el Estado no garantiza la transparencia ni el cumplimiento riguroso de la normativa ecológica, la fuerza política no descarta recurrir a los tribunales ordinarios.

​La presentación legislativa responde al malestar manifestado por organizaciones ambientalistas, científicos y vecinos de la ciudad capital, quienes advirtieron sobre el manejo de residuos navales, el tratamiento de efluentes y el riesgo inherente al constante incremento del tránsito marítimo comercial, turístico y pesquero en las aguas del Canal Beagle. Según argumentó la legisladora del Partido Verde, la protección de este frágil ecosistema marino constituye un límite innegociable, ya que representa la piedra angular de la biodiversidad local y la sustentabilidad del propio turismo antártico.

​En el petitorio ingresado al Parlamento fueguino, se requiere recabar precisiones técnicas sobre la validez de las evaluaciones ambientales asociadas a los proyectos de ampliación y modernización del muelle comercial. Asimismo, se solicitó información sobre los planes de contingencia ante eventuales vertidos o derrames contaminantes, los esquemas de monitoreo de la calidad del agua costera y la existencia de sanciones o actas de infracción labradas contra embarcaciones u operadores portuarios durante los últimos períodos.

​Colazo remarcó que el acceso a la información pública ambiental es un derecho garantizado por la Constitución Nacional, la legislación provincial y el Acuerdo de Escazú. En este sentido, fue enfática al sostener que agotarán la vía administrativa dentro de la esfera gubernamental, pero que ante cualquier reticencia, respuesta evasiva o inacción del órgano de aplicación, formalizarán la presentación de un amparo o medida cautelar ante el Poder Judicial para salvaguardar el patrimonio natural de la provincia.

​La controversia se produce en momentos en que el Puerto de Ushuaia registra picos históricos de actividad y un notable crecimiento en el número de recaladas de cruceros internacionales. Mientras desde el Gobierno de la Provincia se promueven las obras de infraestructura como indispensables para potenciar la logística y el desarrollo económico de Tierra del Fuego, el arco legislativo y las entidades de la sociedad civil insisten en que el crecimiento operativo no puede materializarse a costa de la degradación ambiental ni de la vulneración de la legislación ecológica vigente.